Este 16 de junio el Poder Ejecutivo lanzó el Decreto 332/2022 estableciendo la segmentación de subsidios para usuarios residenciales de electricidad y gas. Si bien introduce ciertas modificaciones que van en la dirección correcta, está muy lejos de establecer un esquema racional desde el punto de vista económico.

Ponderemos algunos inconvenientes del esquema actual. El más evidente es que, después de dos décadas de inflación y controles de precios en los mercados de energía y el transporte (un tema no incluido en el último decreto), el gasto en subsidios económicos se convirtió en una de las erogaciones más importantes del Estado, explicando más de 3% del PBI en el último año. Para dar dimensión, si estos subsidios no estuviesen en vigor, el resultado primario de la Administración Pública Nacional estaría prácticamente en equilibrio.

Un segundo inconveniente viene del lado de las familias argentinas. El esquema actual de subsidios, incluso con la última modificación, es profundamente regresivo. La asistencia no está dirigida, sino que es prácticamente transversal para todas las familias que tienen acceso a estos servicios (electricidad de red, gas de red y colectivo). Genera un sobredimensionamiento de los gastos, menor impacto neto sobre los argentinos más necesitados y, además, genera desincentivos al consumo responsable y a la eficiencia energética.

Tercero, los subsidios tal cual están discriminan a nivel geográfico. La mayor parte están concentrados en la región del AMBA. No es sorprendente ya que explica cerca de un tercio de los electores del país. Esto genera una distorsión respecto a otras provincias y regiones geográficas, donde las tarifas que se pagan son significativamente mayores, aunque el ingreso per cápita promedio no lo sea. Para dar un ejemplo, el boleto mínimo de colectivo en AMBA es de $18 mientras que en Mar del Plata es de $74 y en Córdoba es de $69.

También existen otros regímenes que distorsionan aún más la realidad y generan subsidios transversales de dudosa racionalidad económica. Me refiero en concreto al Régimen de Zona Fría, que aplica tarifas diferenciales de gas según la ubicación geográfica. Para colmo, este régimen fue ampliado en 2021 (Ley 27.637) para incorporar a regiones (¿frías?) de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Salta, San Luis, Jujuy, Catamarca, Córdoba, San Juan, La Rioja y Santa Fe.

El esquema actual se vuelve todavía más irracional desde el punto de vista económico si se tiene en cuenta que el Estado ya tiene en vigor otros mecanismos de asistencia social como la Tarifa Social, que permiten un direccionamiento más eficiente y menor uso de recursos fiscales.

Finalmente, hay que hacer otra salvedad. Gran parte del precio final que pagan los usuarios está compuesto por el componente impositivo. En las tarifas eléctricas por ejemplo puede llegar hasta el 50% en algunas provincias. Para reducir el precio que pagan los usuarios finales un esquema transversal y más transparente podría ser reducir esta carga tributaria.

El esquema actual no da para más, es necesario avanzar hacia una mayor racionalidad en estos sectores, que mejoren los incentivos a las empresas y consumidores, y que permitan direccionar los esfuerzos de asistencia social del Estado a los más necesitados.