“Privilegio es que los y las presidentas que estuvieron cuatro u ocho años cobren por ese cargo una jubilación entera. Nosotros aportamos incluso más que el resto de los trabajadores”, dijo a Data Clave un camarista que, indignado, leía lo que desde el Gobierno plantearon como una nueva revisión del régimen de jubilaciones de jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales.

La disputa por las jubilaciones fue la primera gran pelea que tuvo el sector judicial con el oficialismo, en el mundo pre pandémico y cuando todavía la ministra de Justicia era Marcela Losardo, a la que marcaron prácticamente como una traidora cuando se promulgó el “Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación”, en abril de 2020.

Ese régimen llevó a que el cálculo para obtener el 82% (que alcanza a magistrados y funcionarios, no a todo el universo judicial) requiriera de las últimas 120 remuneraciones. Además, marcó un cambio en la edad jubilatoria: antes, todos y todas podían acceder al beneficio a partir de los 60. No obstante, la ley prevé que desde 2020 haya un incremento en la edad jubilatoria hasta llegar a los 65 años en 2025 para los hombres.

El otro punto que se modificó y que genera hasta ahora las críticas tiene que ver con el aumento en el descuento por haber jubilatorio: pasó de 11% a 18%. A esto se le suma una mini polémica que sigue hasta ahora y que Data Clave relató la semana pasada: las intimaciones para que se concrete la jubilación. Hasta 2021, cualquier juez/a, fiscal o defensor/a podía presentar sus papeles, hacer el trámite y renunciar cuando realmente quisiera.

Lo que hizo ANSES fue intimar a aquellos que tenían el trámite listo como para que se definan: se quedan o se van. Si se quedaban, les iba a dar de baja su trámite, lo cual llevó a una serie de presentaciones y amparos. Uno de ellos fue el que tuvo éxito en la provincia de Neuquén hace algunos días y que varias personas dentro del sistema judicial prometen usarlo de ejemplo.

En este contexto, la noticia de un nuevo cambio cayó pésima y empezó a correr desde el mediodía entre los distintos grupos. “No hay relación entre lo que ellos dicen de privilegio y el 18% que nos descuentan por mes”, marcaba una fiscal a la que todavía le faltan algunos años para presentar sus papeles y ya ve cómo el panorama se complica aún más.

Lo que ahora se prepara tiene que ver con leer lo que finalmente se presente y cuál sería la afectación en concreto para dar la batalla legal. El problema que se encontraron hasta ahora es que todo lo relacionado con las jubilaciones de jueces termina demorándose pues los propios magistrados y magistradas se excusan de intervenir, lo que significa que nadie termina resolviendo el fondo de la cuestión. Lo que se vislumbra es un posible llamado a conjueces para que resuelvan, lo que puede traer resultados hasta ahora inciertos. “No hay tiempos para buenas noticias”, dijo ayer un fiscal mientras comentaba con un juez el tema, en el medio de un cuarto intermedio de un debate oral.

A última hora, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional salió con un fuerte comunicado en donde crítica al oficialismo. “Debe recordarse que el Poder Judicial y los Ministerios Públicos aportan por encima de cualquier funcionario público y sus haberes previsionales no deben ser utilizados como variable de ajuste permanente como consecuencia de la inoperancia de las políticas económicas”, se marcó. Como oración final, un comentario que confirma que el conflicto escalará: “un embate más a la independencia judicial”.

El texto completo:

Comunicado de la Asociación de Magistrados
Comunicado de la Asociación de Magistrados