Los jueces/zas nacionales se pasaban esta semana por whatsapp el fallo que consideraban “una nueva provocación” por parte de sus colegas del fuero porteño. Se trata de una resolución que dictó la sala de feria de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, justamente al filo de que terminara el receso de verano y que determinó que un homicidio debía tramitarse en la justicia porteña a pesar de que la competencia sobre ese delito la conserva la justicia nacional en lo criminal y correccional.

El debate no es nuevo y ya el año pasado hubo varios movimientos por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (lo que vendría a ser la Corte porteña) para convertirse en instancia de control de los fueros nacionales, lo que incluye a las causas penales, laborales, civiles y comerciales. Uno de los expedientes donde lo intentó fue en el de la quiebra del Correo Argentino S.A., a instancias de un pedido formulado por el grupo SOCMA. 

La investigación por la muerte de Marcela Bismonte, ocurrida el 2 de enero, estuvo a cargo primero de la justicia penal, contravencional y de faltas con la intervención de la auxiliar fiscal Natalia Plá de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal y la jueza Patricia Larocca. Esa magistrada fue la que, el 5 de enero, pasó la causa al fuero criminal y correccional nacional debido a que consideró que no le correspondía investigar dentro de su competencia el homicidio. Esa decisión incluso fue aceptada por todas las partes involucradas: fiscalía, querella y defensa.

Ya bajo la intervención del Juzgado Criminal y Correccional 23 y la Fiscalía 50, el imputado José Carlos Olaya González (32) fue procesado por el homicidio de Bismonte y se le dictó la prisión preventiva. La defensa del acusado apeló esa decisión y la medida está para ser revisada por la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Entonces, si el expediente ya avanzó, ¿cómo hizo la justicia de la Ciudad para intervenir y asegurar que le correspondía a ellos la investigación? Los camaristas Jorge Atilio Franza, Marcelo Vázquez y José Sáez Capel retomaron un reclamo que había hecho la defensa con respecto a la prisión preventiva, que también había sido fijada cuando el expediente aún estaba en la justicia porteña. 

Si bien no había cuestionamientos sobre el pase al juzgado nacional, los jueces porteños se expresaron de todas formas. “Los únicos jueces naturales y constitucionales para entender en los delitos ordinarios que se produzcan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los magistrados elegidos por el pueblo de esta Ciudad a través de sus instituciones, ergo el Consejo de la Magistratura y la Legislatura local, y ello de ningún modo se ve modificado por la demora de la transferencia plena del tratamiento de todos los delitos ordinarios a la justicia de la Ciudad”, sostuvieron. 

En esa línea, le expresaron a su colega porteña que le reclame al Juzgado Nacional el expediente. La jueza criminal y correccional ya formuló un incidente de inhibitoria y tendrá que definir si entrega el expediente -algo que dentro de Tribunales no creen que suceda- o si discute el pedido. 

No obstante la publicidad que se le dio al fallo, dentro del mundo judicial circuló ayer mismo otra resolución de otro caso muy similar al de Bismonte y donde la justicia porteña no reclamó de manera tan tajante su participación, a pesar de que también tuvieron una primera intervención como en el caso Bismonte. “Quizás no les pareció tan interesante como para reclamarlo”, deslizan con ironía en varios chats judiciales los integrantes de la justicia nacional.

La causa en cuestión que usaron para comparar es la del conductor que atropelló y mató a una mujer frente a Plaza Miserere el 12 de diciembre pasado. Federico Eduardo Pellicciotta (29), bajo los efectos del consumo de cannabis, arrolló con su auto a seis personas cuando volvía del boliche Mandarine Park, lo que derivó en la muerte de la mujer y en las heridas graves de las otras cinco personas.

Esta semana, el juez nacional en lo criminal y correccional Diego Slupski envió a juicio oral a Pellicciotta bajo la figura de “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor” y lesiones graves.