La fundadora de la Coalición Cívica (CC) y el diputado nacional de ese espacio, Juan Manuel López, presentaron ante el Consejo de la Magistratura y la Procuración General de la Nación que se investigue las actuaciones del juez Ariel Ercolini y el fiscal Franco Picardi en una causa en la que se investigó por corrupción al magistrado Ariel Lijo, propuesto por el presidente Javier Milei para ocupar una bacante en la Corte Suprema.       

La dirigente asegura que la formulación de esa presentación se basa en su carácter de denunciante de Lijo ante el Consejo de la Magistratura. Por eso, le pide al órgano presido por el juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y el procurador general interino, Eduardo Casal, que requieran una copia de esa causa.

Para Carrió, la nominación de un abogado para desempeñarse en la Corte reviste “suma relevancia institucional toda vez que, como es sabido, dicho órgano es la cabeza del Poder Judicial”, al referirse a la nominación de Lijo al máximo tribunal por parte del presidente Javier Milei, oficializada en pasado 20 de marzo.

“Deben proponerse a personas con aptitudes morales, idoneidad técnica y jurídica, con una trayectoria que demuestre su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función, Sin embargo, Lijo ha tenido severos cuestionamientos públicos referidos a su falta de ética e independencia en el desempeño como juez federal”, sostiene la exlegisladora en su misiva.

En su carácter de denunciante en una de las causas en las cuales fue investigado el magistrado, Carrió se siente habilitada para requerir la intervención de Casal para “el Poder Ejecutivo, el Senado de la Nación y, especialmente, la sociedad en su conjunto pueda tomar debido conocimiento de la persona propuesta por el Presidente de la Nación”.

En ese sentido, la exdiputada recuerda que “el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación ha realizado, en su oportunidad, una auditoría sobre los Juzgados y demás Tribunales Federales con competencia en materia penal de todo el país, respecto de la tramitación de causas judiciales que involucren delitos de corrupción”.

Esa auditoria comenzó en 2016 por pedido del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otras entidades importantes, debido “a la dilación en los trámites de los procesos judiciales en los que se ventilaban causas de corrupción contra la administración pública”. Luego, la entidad presentó una denuncia ante el organismo encargado de supervisar la conducta de los jueces por la demora de Lijo en estas causas.  

Como sustento de su presentación, la referente de la CC presenta notas periodísticas del diario Clarín, y sugiere que Lijo “habría pretendido garantizar la impunidad de delitos contra la administración pública de las más altas esferas de poder a cambio de dinero y negocios espurios”.

Al respecto, Carrió sostiene que en esa causa “debía investigarse el rol preponderante del hermano del magistrado”, quien “a partir de vínculos societarios, económicos y financieros habría experimentado un incremento patrimonial inconmensurable e inexplicable para beneficio suyo”.

También se repasa en el texto que Ercolini cerró la investigación a pedido de Picardi, sin que se haya realizado “una adecuada investigación de los hechos denunciados”. En ese sentido, Carrio estima que, en el expediente --al cual asegura no haber podido acceder--, existiría un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre las “inconsistencias patrimoniales del juez Lijo que “no habría sido incorporado” a la instrucción.

En consecuencia, ese informe debe ser analizado si “se pretende que el Juez Lijo llegue al Máximo Tribunal de la Nación, debiera investigarse”.

Carrió considera también en el escrito que podría existir “cosa juzgada írrita” en ese expediente en el cual se analizó la conducta de Lijo.