La Cámara Federal de Casación confirmó la condena a diez años de prisión para Emanuel Ioselli, conocido como “Camus Hacker” por el delito de trata de personas y producción de imágenes de abuso sexual infantil.

Con las firmas de los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, el fallo desestimó las apelaciones presentadas por las defensas y confirmó la sentencia de anterior instancia. 

El hecho

Ioselli fue condenado en junio de 2022 a 10 años de prisión por extorsionar a jóvenes vulnerables, sacarles fotos con falsas promesas y luego venderlas en redes sociales y sitios de internet, en un veredicto que dio a conocer el Tribunal Oral Federal 6, al término del juicio en su contra.

"Camus Hacker" está detenido en la cárcel de Ezeiza, desde donde escuchó la lectura del veredicto por videoconferencia, al término de un juicio oral en el cual las fiscales Gabriela Baigún y Alejandra Mángano lo acusaron de “captar con engaños a adolescentes vulnerables, a quienes amenazaba y sometía a sesiones de fotos de contenido sexual para distribuir y vender en Internet”.

El Tribunal ordenó además el decomiso de todos los dispositivos electrónicos secuestrados a los dos acusados para proceder luego a su venta, previa destrucción del contenido de índole privado referido a la actividad criminal. 

En la causa, los jueces condenaron también a 15 años de prisión al otro acusado, Gastón Favale. En su caso, se sumó una acusación por abuso sexual a una de las víctimas. 

Ioselli y Favale, ambos presos, fueron encontrados culpables de captar "al menos seis adolescentes en situación de vulnerabilidad para someterlas a la producción de materiales de representación sexual para su posterior distribución, comercialización y publicación, entre abril de 2016 y el 8 de junio de 2018". 

El debate oral comenzó en junio de 2021 y se realizó en gran parte de manera reservada por ser las seis víctimas menores de edad al momento de los hechos. Ioselli y Favale fueron acusados de "haber ensamblado una estructura dedicada a reclutar adolescentes en situación de vulnerabilidad para someterlas a la producción de materiales de representación sexual para su posterior distribución". 

Según la investigación que impulsó la Protex ante la denuncia de una de las víctimas, los dos procesados captaban a las adolescentes a través de redes sociales, se aprovechaban de su situación de vulnerabilidad y ofrecían "sesiones de modelaje" a cambio de una paga.