El dirigente social y líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, se atribuyó públicamente haber incentivado intentos de robos a supermercados y comercios ocurridos en las últimas horas en distintos puntos del país, y estas declaraciones le valieron una denuncia ante la justicia penal por parte del espacio político Republicanos Unidos y que el Ministerio Público Fiscal de Mendoza -una de las provincias donde se produjeron intentos de robos organizados- abriera una causa con el fin de investigar la posible comisión de delito.

Desde Republicanos Unidos acusaron a Castells de haber incumplido el artículo 209 del Código Penal, que contempla 2 años de prisión a quien "públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución".

"Toda vez que el denunciado se expresó en plural -como `nosotros'-, debe investigarse qué otras personas participaron de la acción típica", indicaron desde Republicanos Unidos en un comunicado de prensa.

La denuncia cayó por sorteo en el Juzgado Federal 6, que subroga el magistrado Daniel Rafecas, quien este mediodía delegó la investigación en la fiscalía que encabeza Alejandra Mangano. La representante del Ministerio Público Fiscal pidió una serie de medidas de prueba para determinar si el dirigente social estuvo involucrado en los hechos.

Por lo pronto ya se requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que, a través de la fuerza federal que designe y por intermedio de sus pares provinciales, se lleve adelante un relevamiento de estos episodios: la referencia geográfica de los hechos, la autoridad policial y judicial interviniente en la prevención e investigación y las personas y/o grupo de personas sospechadas de llevarlos adelante, informaron fuentes judiciales.

También se requirió que se realice un relevamiento de redes sociales y fuentes abiertas de internet a fin de identificar publicaciones que puedan estar vinculadas a la instigación de los sucesos mencionados en distintas localidades del país, según pudo saber esta agencia. Finalmente se solicitó un pedido de informes a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación relativo al funcionamiento del Renacom, el registro de los espacios comunitarios que brindan asistencia alimentaria en todo el país.

"El hecho delictivo es que el kilo de milanesas esté 4.200 pesos. En Mendoza, Neuquén, Córdoba, en el Chaco, Capital Federal y en el conurbano la gente está saliendo por comida. Nosotros somos los que estamos convocando a esto, les estamos diciendo que, sin robar plata ni romper nada, se lleven lo que se puedan aunque sea para canjear por comida", afirmó anoche Castells en una entrevista con Crónica TV.

Por estas declaraciones, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza también anunció que abrió de oficio una causa con el fin de investigar "la posible comisión del delito de instigación al robo agravado en poblando y en banda y con la finalidad de aterrorizar a la población por parte del mismo".

"La misma, al igual que las iniciadas en Gran Mendoza, se encuentra a cargo del fiscal Fernando Giunta", indicaron desde la cartera a través de un comunicado.