El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, reiteró este miércoles al Poder Ejecutivo Nacional las recomendaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal para evitar los diversos factores que facilitan o promueven el acceso a teléfonos móviles por parte de los reclusos de alto perfil -por su participación en organizaciones narcocriminales- alojados en establecimientos penitenciarios.

Casal requirió informes sobre las acciones que se adopten a esos fines e indicó que las medidas propuestas “mitigarán las serias amenazas que estos delitos representan para la sociedad, la seguridad interna dentro de los establecimientos penitenciarios y los distintos actores del proceso penal (jueces, fiscales, funcionarios y agentes de los poderes judiciales y ministerios públicos, víctimas, testigos y personal policial)”.

Del mismo modo, el procurador general decidió entablar una coordinación interinstitucional con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para promover un abordaje estructural e integral a la problemática tratada.

La reiteración se basó, entra otras, en el informe de actualización de la PROCUNAR sobre el fenómeno abordado en este ámbito en el que describe las múltiples acciones emprendidas por esa dependencia para mitigar los riesgos que esta modalidad criminal presenta contra la sociedad, los operadores de los sistemas de administración de justicia y terceros vinculados al proceso penal.

El informe dio cuenta de la respuesta judicial disímil dada por parte de los diferentes órganos jurisdiccionales que tienen a su cargo la detención y/o control de la ejecución de las penas privativas de la libertad de las personas condenadas por hechos de narcocriminalidad organizada.

La procuraduría evidenció que las comunicaciones y la utilización de equipos o terminales móviles en establecimientos penitenciarios por parte de reclusos de alto perfil -por dirigir o pertenecer a organizaciones narcocriminales relevantes- continúa siendo de uso cotidiano. 

En tal sentido, puso de relieve la seria amenaza que ello representa por la continuidad de graves actividades criminales cometidas por parte de las organizaciones, las cuales siguen consolidando los lazos delictivos que permiten su avance en el territorio argentino y continúan afectando a la sociedad en su conjunto, así como las mayores dificultades que este fenómeno acarrea para las investigaciones penales.