La causa por el crimen de Lucas González avanza y luego que la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional rechazara la detención de los imputados, el Ministerio Público Fiscal solicitó este viernes la elevación a juicio de todos los policías de la ciudad involucrados. 

El pedido alcanza a Gabriel Alejandro Issasi, Juan José Nieva, Fabián Andrés López, Héctor Claudio Cuevas, Roberto Orlando Inca, Juan Horacio Romero, Fabián Alberto Du Santos, Daniel alberto Santana, Ramón Jesús Chocobar, Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martinez, Ángel Darío Arévalos, Daniel Rubén Espinosa y Rodolfo Alejandro Ozán.

El fiscal federal Leonel Barbella consideró que las pruebas demuestran “un actuar corporativo y mancomunado por parte de funcionarios de la fuerza, varios de alta jerarquía –dos comisarios, un subcomisario y un jefe– direccionada a la modificación de la prueba para encubrir el delito perpetrado. La actuación de cada uno de los imputados presenta un designio común: la finalidad de obtener sin ambages la impunidad para los integrantes de la fuerza ya procesados que, desde los albores del suceso, aparecían al menos sospechados de un actuar ilegítimo”.

Concretamente, para el fiscal, Issasi, Nieva y López "deben responder en calidad de coautores penalmente responsables", dado que cada uno de ellos realizó su aporte efectuando distintos disparos en diversas direcciones contra los damnificados para atentar contra sus vidas, lo que ocurrió efectivamente en el caso de Lucas González.

Por otra parte, entendió que Cuevas, Inca, Romero, Du Santos, Santana, Ozan, Chocobar, Baidon, Martínez, Arévalos y Espinoza deben ser juzgados por los delitos de falsedad ideológica (art. 293) y la privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional. 

"Se encuentra acreditada la participación -desde las distintas acciones desplegadas- y el cabal conocimiento de cada uno de ellos de sus actos que contribuyeron a otorgarles una pantalla de licitud a la maniobra ilícita que se pretendía enmascarar, sin que pueda sostenerse que el hecho que alguno pudiera haber aparecido en ese escenario algunos minutos antes o después durante el procedimiento, haya integrado o no el grupo de funcionarios que colaboraron en las detenciones ilegales, o no colocó de propia mano el arma de utilería en el automotor de las víctimas, o no prestara testimonio o aportara alguna información al personal de la Policía Federal Argentina que labró las actuaciones, aleje las responsabilidades de todos los coimputados sobre este aspecto, al formar parte intrínseca de la totalidad de la maniobra pergeñada", sostiene el dictamen. 

El crimen de Lucas sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre último, cuando la víctima y tres amigos de su misma edad salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Surán del padre de uno de ellos y fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad sin patente ni signos de identificación, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.

De acuerdo con las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos. Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza del joven, quien horas más tarde murió.