Contencioso administrativo y la Corte: las canchas donde se definirá la validez del decreto del Presidente
Amparos, cuestionamiento legales y la posibilidad de un per-saltum: el camino judicial para debatir la constitucionalidad del DNU firmado por Javier Milei y sus ministros. ¿Se puede invalidar todo?
“El fuero de la gobernabilidad” y la Corte Suprema. Esos son los dos lugares principales donde comenzará a debatirse la legalidad del DNU y su contenido. El fuero Contencioso Administrativo Federal se volvió clave porque allí se dirimen y controlan las políticas públicas así como también se debaten los decretos, leyes y regulaciones.
La presencia de Rodolfo Barra en el gobierno de Javier Milei parece estar apuntada hacia ese sentido: el exministro de la Corte y actual Procurador del Tesoro de la Nación tiene muchísima influencia en el fuero contencioso. A eso se le suma el nombre del juez Sergio Fernández que además de integrar la Cámara es hermano de Javier, histórico operador tribunalicio (aunque él mismo lo desmienta).
Por fuera del trámite legislativo, los reclamos contra el DNU parecerían que van en un doble camino: el contenido (y las personas que pueden verse afectadas) y la forma (por el posible avasallamiento de potestades del Poder Legislativo).
“El DNU firmado por Milei no cumple los requisitos constitucionales ni pasa los mínimos controles republicanos”, sostuvo Vilma Ibarra, exsecretaria Legal y Técnica durante la presidencia de Alberto Fernández.
Sobre esto, cobra relevancia lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 29. “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”, se marca allí.
“Cuando a través de los DNUs se intenta sustituir integralmente al Congreso en su función legislativa entonces mediante el desvío de poder y el abuso de derecho público se intenta obtener la suma del poder prohibida por la CA en el artículo 29 y considerada traición a la patria”, marcó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez en su cuenta de X (Twitter)
“El DNU 70/2023 es un claro intento de suma del poder público, no acredita una situación de emergencia objetiva solo una necesidad de imponer un proyecto político, el Congreso puede funcionar y debatir los temas, afecta la división de poderes y es contrario a la República”, afirmó.
Cuestionamientos y distintas estrategias
Más allá de ese cuestionamiento sobre el rol del Congreso, cualquier persona que pueda sentirse afectada por todo o por algunos artículos específicos del DNU, puede presentarse no solo en el fuero contencioso sino en el laboral (en caso de los cambios sobre las normas del trabajo); en el civil-comercial (por cuestiones sobre los derechos de consumidores), entre otras posibilidades.
En Argentina, cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, ya sea de forma parcial o total. Por lo tanto, el decreto firmado por Milei podría convertirse en un asunto de mega-judicialización, con presentaciones en fueros variados y con reclamos sobre el todo y sobre los detalles.
A eso se le suma la expectativa por la llegada del conflicto a la Corte Suprema que, se supone, será la encargada de dirimir en última instancia la validez y la constitucionalidad. Ante un rechazo en primera instancia, cualquier entidad o persona puede solicitar la aplicación de un per-saltum, una herramienta que permita saltear instancias y llegar directo al Máximo Tribunal. Este mecanismo suele aplicarse cuando existen cuestiones de gravedad institucional.
A la Corte le tocará resolver entonces sobre la constitucionalidad. Cabe recordar que actualmente son cuatro los ministros y que tienen posturas sobre el derecho bastante disímiles: quienes suelen votar juntos son Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. Carlos Rosenkrantz tiene posiciones más liberales y con un eje en libertades individuales. Ricardo Lorenzetti, enfrentado con alguno de sus colegas, podría sumarse a una mayoría pero todo dependerá de la demanda que llegue al cuarto piso del palacio de Tribunales.