El Gobierno formaliza guerra con las prepagas: obligación de retrotraer precios y demanda judicial
Con una medida preventiva, la Secretaría de Comercio ordenó regresar los valores de los precios de las cuotas a diciembre del año pasado. Además, denunció en la justicia civil y comercial federal por "cartelización" a las principales empresas del sector y solicitará que devuelvan la plata a los afiliados.
La Secretaria de Industria y Comercio dictó una medida preventiva que ordena a las empresas de medicina prepaga a “reajustar las cuotas de sus planes de salud según la variación mensual” de la inflación, lo que implica que deberán retrotraer los precios a los valores de diciembre. En base a esta resolución, el Gobierno nacional oficializó la demanda judicial por “cartelización”’con el objetivo de que las compañías le devuelvan la plata cobrada desde hace cuatro meses a los afiliados según informaron a Data Clave fuentes del Ejecutivo que encabeza el presidente Javier Milei.
“Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representan alrededor del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí por IPC”, dijo hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.
El vocero explicó además que las empresas “deberán aplicar como máximo” el IPC “para ajustar las cuotas por los próximos 6 meses”.
La presentación judicial que anunció hoy Adorni recayó en el Juzgado Civil y Comercial Federal 9, a cargo de la jueza Mercedes Maqueira y se fundamentará en esta medida preventiva anunciada hoy por cartelización. Entre las firmas denunciadas se encuentran prestadoras como Galeno, Sancor, la Obra social del gremio estatal de UPCN, OSDE, Omit, el Hospital Italiano, Médicus, Medife, Prevención y Swiss Medical, propiedad del empresario Claudio Belocotipp, quien ayer renunció a la titularidad de la Unión Argentina de Salud (UAS), la cámara del sector.
La dimisión de Belocopitt se produjo en medio de la polémica con el gobierno por los aumentos que se registran en este servicio de salud, que comenzaron con la devaluación de diciembre del 2023 y las empresas lo fundamentan en el DNU 70/2023, que desreguló los precios que estas empresas podían cobrarles a sus clientes.
Sin embargo, tras la medida de la medida de la Secretaria de Comercio y la demanda judicial, el Ejecutivo pretende ahora poner un límite a esos incrementos. El fiscal interviniente en esta demanda será el fiscal Rafael Alberto Espinola, quien deberá dictaminar si corresponde darle curso a esta presentación.
Tras aumentos de más del 200% en el servicio de prepagas, el gobierno dedujo que existe “una cartelización” por parte de las empresas, algo que el Ejecutivo parece no haber detectado con antelación a la sanción de la normativa desregulatoria contenida en el DNU que Milei firmó en diciembre.
“En el marco de una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó que existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país”, sostiene el texto de la medida que el Gobierno publicó hoy en la página www.argentina.gob.ar.
En función de esta intervención, la CNDC emitió un dictamen aconsejando al Secretario de Industria y Comercio del Ministerio de Economía la adopción de una medida de tutela anticipada en los términos del artículo 44 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC)”.
Se dispuso que “los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales a ser cobradas no podrán superar” el valor de la cuota “del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por 1 más la variación porcentual” de la inflación que publica el Indec.
La medida aclara que, en el caso de los clientes dados de alta luego de diciembre de 2023, “el ajuste debe realizarse teniendo como base un plan similar al contratado”.
Se ordena además a las empresas “cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la Confederación Unión Argentina de Salud (UAS) o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial”, con el propósito de evitar la cartelización.
Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo consideró que las empresas prepagas habían aplicado “aumentos desmedidos” que complicaban los esfuerzos de la administración libertaria en pos de bajar la inflación.
En medio de esta controversia, Belocopitt, quien había defendido la potestad de las empresas en función de la desregulación autorizada por el gobierno de Milei.
“Cuando el Gobierno desreguló los precios, todo el sistema de la medicina prepaga y el resto venía con poderosos atrasos. En diciembre, como consecuencia de la devaluación, los precios tomaron una aceleración realmente impresionante”, afirmó ayer el empresario, en una entrevista con La Nación+. Y horas después presentó su renuncia.
En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la medida de la Secretaría de Comercio y criticó al dueño de Swiss Medical.
"Si Belocopitt hizo todo bien, no entendemos su decisión de irse de la Cámara. La medida es de aplicación inmediata, las cuotas que lleguen deben retrotraerse a diciembre", apuntó Adorni.