Tras la asunción presidencial, un exdiputado nacional que jugó abiertamente con Sergio Massa en el balotaje presidencial, analizó el primer día de gobierno de Javier Milei. Se trata del director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, que este domingo 10 de diciembre finalizó su mandato en la Cámara Baja. 

Según señaló, en su primer día de gobierno, Milei firmó 13 decretos, de los cuales 10 se usaron para designar a los titulares de cada uno de los 9 ministerios y al Jefe de Gabinete. Mediante el Decreto 8/2023, el Presidente incorporó modificaciones a la Ley de Ministerios, formalizando los objetivos de las nueve carteras ministeriales y de la Jefatura de Gabinete, con “el propósito de racionalizar y tornar más eficiente el actuar del Estado Nacional”.

Ese decreto es el único “de Necesidad y Urgencia” (DNU) aprobado el primer día de gobierno. En tal sentido, requerirá una posterior aprobación parlamentaria. Dada la materia de la que trata, seguramente será ratificado sin cuestionamientos.

De eso debe ocuparse la comisión que regula la intervención del Congreso en relación a los decretos que dicta el Poder Ejecutivo. Se trata de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, formada por 16 legisladores pero que hoy no está activa debido a que el recambio de senadores y diputados obliga a una renovación de sus integrantes.

Ese trámite para la nueva puesta en marcha de la Comisión estarán atravesados por disputas y negociaciones comunes a la integración de todas las comisiones del Congreso. Se efectivizaría, como muy pronto, en marzo, pero no hay que descartar que sea en abril.

En tanto, puso el foco en lo que consideró una “novedad importante para los gobernadores, así como para los ministros provinciales de las áreas económicas y de infraestructura”. El caso es que a partir del 10 de diciembre el Ministerio del Interior perdió las funciones que venía desarrollando la denominada “Secretaría de Provincias” y ya no detenta el manejo del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, dependiente de esa Secretaría.

Hasta ahora, esa división de la cartera de Interior tenía asignada la responsabilidad de desarrollar “acciones de fortalecimiento institucional a nivel provincial y regional, orientadas a la promoción del desarrollo económico y social”, así como plantear “medidas de financiamiento, con la cooperación nacional e internacional, para la asistencia a todas las provincias”.

Pero además, el área de Provincias del Ministerio del Interior era la encargada de tramitar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En el proyecto de Presupuesto 2024 que llegó al Congreso con el gobierno saliente, la partida destinada para los ATN tenía asignados 104.000 millones de pesos.

También significativo, el Fondo Fiduciario de infraestructura brindaba “financiamiento para obras de infraestructura económica y social” en todas las provincias argentinas. En el Presupuesto 2023, este Fondo tuvo ingresos proyectados por 17.800 millones de pesos.

La administración del Fondo estaba a cargo de un Consejo de Administración, formado por siete miembros que designaba el Presidente de la Nación, pero cuyos nombres eran propuestos directamente por el Ministro del Interior.

Con el Decreto 8/2023, de Necesidad y Urgencia, esas responsabilidades quedaron bajo el exclusivo ámbito del nuevo Ministerio de Economía, entre cuyas responsabilidades tiene asignada la de “intervenir en la instrumentación y seguimiento de políticas fiscales, económicas y financieras entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales”.