En medio de las tensiones del Gobierno nacional con los movimientos sociales por la discusión del Salario Básico Universal (SBU), un sector opositor en provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para beneficiar a emprendedores que quieran invertir en barrios populares.

La iniciativa responde a un senador provincial de Juntos, Andrés de Leo, quien propone otorgar beneficios impositivos a quienes tengan la voluntad de invertir o instalar locales comerciales en barrios del Conurbano bonaerense.

Para la confección del proyecto, el legislador de la Coalición Cívica reunió los datos régimen de regularización dominial para la Integración socio urbana y relevó que la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de barrios populares de la Argentina, alcanzando los 1.933 a junio de 2022.

El espíritu de esta iniciativa es promover inversiones en barrios populares, convirtiéndolos en lugares que ofrezcan los mismos servicios que otras zonas más urbanizadas. Es por eso, que los beneficiarios del proyecto del senador de Juntos serán tanto para quienes realicen inversiones e instalen comercios para el desarrollo económico en barrios populares, como también los residentes y vecinos del lugar.

Lo que propone el diputado de los 'Lilitos' es que los inversores puedan computar como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos un porcentaje del monto invertido en un proyecto de desarrollo económico dentro de los barrios populares.

“De la estructura de impuesto provinciales, el de mayor peso es el impuesto a los ingresos brutos, entonces, generar un incentivo que permita descontar parte de la inversión necesaria para emprender un negocio en barrios populares y computándose como saldo a favor de ese impuesto, puede ser la mejor herramienta para que los inversores, emprendedores o comerciantes lleguen a los barrios populares”, explicó.

Los requisitos que aquellos comerciantes que quieran acceder al beneficio impositivo deben presentar, serán establecidos por la pertinente Autoridad de Aplicación, que monitoreará todo el proceso adjudicatario, según indica el proyecto del senador De Leo.

Asimismo, los comerciantes que inviertan en barrios populares, deben destinar el uso de las instalaciones durante un plazo de al menos cinco años contados desde la efectiva realización y finalización de las inversiones, bajo apercibimiento de proceder a la devolución de los montos otorgados como consecuencia del beneficio impositivo.