(De la redacción de DATA CLAVE) La Cámara Federal dejó sin efecto la orden de la jueza María Servini de analizar las llamadas telefónicas que hicieron Mauricio Macri y sus funcionarios durante un lapso de tres años y medio. Según pudo averiguar Data Clave, le indicaron a la magistrada que no puede hacer un peritaje por ese tiempo, sino limitarlo a los momentos clave de la investigación en curso.

Los jueces Martín Irurzun y Lepoldo Bruglia argumentaron la petición supera "los límites que razonablemente permite el objeto" de la acusación e implica afectar sin justificación "derechos individuales y esferas de la actuación ajenas a la incumbencia" de la Justicia.

La causa en curso investiga al ex Presidente y a varios de sus ex funcionarios por presunta formación de una asociación ilícita para apoderarse del Grupo Indalo. El origen de la denuncia radica en el empresario Fabián De Sousa, que denunció que esta persecución se debe a fines editoriales del medio.

Según pudo saber este medio, a Servini le trasladaron que indique las fechas que correspondan con los eventos que está investigando. Y por otra parte, le advirtieron que toda la información que se produzca en este peritaje tiene que permanecer como fuente única en el juzgado, es decir que los querellantes o víctimas de este ilícito no pueden recibir este entrecruzamiento de llamadas.

La jueza Servini había ordenado esa medida el 8 de julio, donde buscaba identificar los teléfonos y registros de comunicaciones de Macri y sus ex funcionarios. El análisis de esas comunicaciones tenía un lapso de tres años y medio, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de agosto de 2019. A su vez, pidió saber quiénes eran "interlocutores comunes y frecuentes" entre esos abonados.

Según pudo saber Data Clave, el acceso a esta información para los querellantes y/o víctimas solamente podrá darse una vez que haya una depuración de datos y se extraigan posibles elementos para la causa. A raíz de esto, Servini tendrá que realizar un nuevo fallo y una nueva orden de pericia, en el marco de las indicaciones demandadas por la Cámara.

La causa dio inicio con la denuncia de De Sousa, que aún permanecía en prisión. Acusó al ex jefe de Estado por asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, abuso de autoridad y peculado y violación de sus debes funcionales.