La Justicia Federal de Córdoba se quedó con la causa por las retenciones agropecuarias
Así lo decidió la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en el marco de un expediente planteado por la Sociedad Rural Argentina.
Hace un poco más de un año, la Sociedad Rural Argentina (SRA) impulsó una causa contra el Gobierno nacional por el cobro de las retenciones. El reclamo fue elevado junto a la Sociedad Rural de Jesús María.
En concreto, la entidad busca que se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación a los productos agropecuarios a partir del 1° de enero de 2022.
La causa tramitaba por ante el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, que estaba a cargo de Ricardo Bustos Fierro. Ante el pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1, Enrique Alonso Regueira, requirió que le remita el expediente.
Busto Fierro argumentó que “la conducta estatal cuestionada generaba perjuicios para todos los productores agropecuarios, en especial para aquellos domiciliados en el ámbito territorial en el cual se asienta dicho juzgado, en atención a la naturaleza agrícola ganadera de la región”, mientras que su colega sostuvo que se trata de "actos emanados de autoridades públicas con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos efectos no se circunscriben a una jurisdicción específica sino que éstos se producen respecto de la totalidad del territorio nacional".
Pero la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con el voto de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez, decidió este viernes que la causa tramite finalmente en Córdoba, según informó el portal Palabras del Derecho.
"La circunstancia de que los tribunales federales con asiento en las provincias ejerzan su jurisdicción contencioso administrativa sobre actos dictados por entidades de la administración
que tienen su sede en esta ciudad fomenta el federalismo, la descentralización institucional y la aplicación efectiva de los derechos de los usuarios y consumidores de servicios públicos (…) y resulta del ejercicio de potestades constitucionales exclusivas del Congreso de la Nación", concluyeron los camaristas