Elisa Carrió quedó involucrada en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal del macrismo después de que los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa pidieran ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, que se la cite a prestar declaración indagatoria.

Para los denunciantes, Carrió se habría nutrido de escuchas ilegales efectuadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para intentar frenar el avance de la causa sobre espionaje que tramita en el juzgado de Dolores y proteger al falso abogado Marcelo D’Alessio.

Bajo la premisa que no hay mejor defensa que un buen ataque, en la noche del jueves, Mauricio Macri salió a defender vía twitter a su todavía socia política y apuntó contra la vicepresidenta: "Una vez más vemos que Cristina y sus abogados persiguen judicialmente a opositores. Ahora a Lilita, que con valentía se atrevió a denunciar actos de corrupción y a quien acompaño y respaldo", escribió el expresidente.

Justamente los dos abogados que denuncian a la líder de la Coalición Cívica fueron víctimas del espionaje por el que se lo denuncia a Macri como responsable político, en un proceso judicial donde se investiga la existencia de una red orquestada conjuntamente por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la AFI durante la gestión Cambiemos para escuchar a los presos vinculados al kirchnerismo, a sus abogados (como Rúa y Peñafort) e incluso a los organismos de derechos humanos que organizaban las visitas a las cárceles.

Según el pedido de los letrados, Carrió usó escuchas que obtuvieron ilegalmente desde un sector de la AFI para que dos de sus colaboradoras más cercanas, Mariana Zuvic y Paula Oliveto, presentaran una denuncia que sostenía que desde la cárcel de Ezeiza se había urdido una maniobra contra la causa de los cuadernos.

Esa denuncia fue presentada tras el allanamiento del country donde vivía D’Alessio dispuesto por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y simultáneamente a la difusión de la maniobra de extorsión en la que habrían participado el falso abogado, el fiscal Carlos Stornelli y otros sectores de la propia AFI.

Como parte de la maniobra que -según los abogados- "urdió el macrismo", la cartera de seguridad por entonces conducida por Patricia Bullrich reportó ante el juez federal Federico Villena que un detenido en el penal de Ezeiza -Mario Segovia- cometía ilícitos desde la cárcel, motivando de este modo el paraguas legal para llevar a cabo escuchas telefónicas sobre otras personas allí alojadas, varios de ellos ex funcionarios y empresarios ligados al kirchnerismo.

“Desde 2017, la AFI retiraba y conservaba en su poder los registros de comunicaciones de los teléfonos públicos de los pabellones penitenciarios, y sin más decidió sacárselos de encima y enviarlos con urgencia al juzgado. Se ve que alguien ahí ya sabía que Carrió y Stornelli irían a filtrar el contenido de esas conversaciones que el área de Jurídicos de la AFI había promovido ardidosamente intervenir, y que se escuchaba, analizaba y transcribía sin orden judicial y sin ningún destino legal”, sostuvieron Rúa y Peñafort.

Para Carrió -y ahora también para Macri, a quien la exdiputada dijo este miércoles que "no quería ver más"- la denuncia es una maniobra para meterla presa por haber denunciado a Cristina Fernández de Kirchner.

Este viernes comenzará una nueva ronda de indagatorias por el espionaje en las cárceles. el juez federal Juan Pablo Auge y los fiscales escucharán a dos integrantes del SPF que eran parte de un grupo de WhatsApp llamado Círculo de Confianza, donde se distribuía información sobre las personas privadas de su libertad.