El lunes 28 de diciembre se promulgó el Convenio de Transferencias que reduce los fondos que Nación gira a la ciudad de Buenos Aires para cubrir los gastos de la seguridad, luego de que se transfieran los recursos de la policía federal. Esa ley establecía un plazo de 60 días para que ambas jurisdicciones acuerden cuál debe ser ese monto. Ya transcurrieron 30 días y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó las invitaciones que llegaron desde Casa Rosada, tras presentarse ante la Corte Suprema cuestionando la constitucionalidad de la norma.

Este fin de semana, Nación giró la primera cuota de los montos que exige la Ley (hasta en tanto se alcance un acuerdo) y realizó una nueva invitación para reunirse con los funcionarios de Ciudad. El convenio establece que el Estado Nacional deberá transferir a la Ciudad “en forma mensual y automática desde el Tesoro Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la doceava parte de pesos veinticuatro mil quinientos millones ($ 24.500.000.000), que se considerarán a cuenta del monto que finalmente se acuerde”.

Desde la Ciudad sostienen que ese monto está muy por debajo de lo que exige cubrir los gastos del traspaso de parte de la policía federal. Y señalan que fue inconstitucional reducir el coeficiente coparticipable, pese a haber sido aprobado por el Congreso. En el marco de esa estrategia es que rechazan cualquier invitación al diálogo, para no legitimar la Ley en cuestión. 

Al momento, no han habido señales de Larreta que indiquen un cambio en la postura. Entonces, hasta en tanto la Corte Suprema no resuelva la cuestión, Nación seguirá transfiriendo el monto que establece la Ley vigente.

Carta

El ministro de Economía, Martín Guzmán, envió una carta a la Ciudad en la cual sostiene que “sería indispensable que esto (el encuentro con Larreta) ocurra dentro de los próximos 30 días, teniendo en cuenta el plazo que establece la Ley 27.606". “La cuestión por la que le escribo constituye un problema de carácter económico, que debe ser resuelto sobre la base de un análisis técnico correcto y transparente", insistió.  Además, pidió “trabajar mancomunadamente, en reuniones bilaterales, en las que analicemos técnicamente los supuestos y valores económicos que determinan el gasto anual del servicio oportunamente transferido desde la Nación a CABA, y su razonable actualización”.