Las especulaciones en torno al desenlace que tendrá el dilema por las suspensión de las clases presenciales no cesan. Menos cuando todavía no está del todo claro cuál será la postura de la Corte Suprema de Justicia, que fue puesta de árbitro de la discusión entre el Ejecutivo Nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tal como relató Data Clave, el Gobierno Nacional trabaja durante todo este fin de semana en los retoques de su presentación ante la Corte. Para rebobinar: cuando el Máximo Tribunal aceptó la competencia (o sea, cuando reconoció que le correspondía intervenir), le dio cinco días al Ejecutivo para que elabore un informe como respuestas a los argumentos que presentó el viernes 16 de abril.

Cualquier escrito pasa no solo por el visto bueno de Alberto Fernández sino por la revisión de la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra y un grupo de asesores. La respuesta será canalizada a través de Jefatura de Gabinete, tal como fijó la Corte. En esta especie de consejo consultivo entra también el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, que esta semana cosechó una derrota ante el Máximo Tribunal en otro expediente que enfrenta a Ciudad vs. Nación: la coparticipación.

Zannini esgrimió que no correspondía la intervención de la Corte directamente (su “competencia originaria” porque la Ciudad no es una provincia. Cuatro jueces rechazaron de plano esa postura mientras que Elena Highton de Nolasco mantuvo su opinión técnica al respecto, similar al planteo de la Procuración del Tesoro.

Justamente ese será uno de los puntos que reiterarán (¿quizás con algún twist?) ante la Corte para defender el decreto de necesidad y urgencia firmado por Alberto Fernández. Los argumentos técnicos será reforzados sobre el status legal del DNU y la potestad del Ejecutivo de fijar lineamientos en un contexto de emergencia sanitaria. 

Lo jurídico por supuesto vendrá mezclado con lo político, con los cuadros de situación, las estadísticas sobre movilidad y todo dato que ayude a sustentar la situación crítica en la que se encuentra el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

Escenarios diversos
Una vez que el escrito llegue oficialmente a la Corte, comenzará a correr el reloj judicial. Abogados y abogadas debaten hace días sobre el fallo que tomarán los cinco jueces y los alcances que tendrá su resolución. Constitucionalistas están divididos: está claro que el Presidente puede fijar la política sanitaria y también es el que puede firmar, ante ciertas circunstancias, decretos de necesidad y urgencia.

La pregunta que prevalecía en los análisis era: ¿por qué la Ciudad presenta una inconstitucionalidad ahora, cuando en los papeles los DNU del año pasado eran muchísimo más restrictivos? La respuesta es solo política, entonces está claro que el fallo de la Corte tendrá un condimento político además de los argumentos judiciales.

¿Hay margen para que se declare inconstitucional un decreto de necesidad y urgencia? ¿Se sostiene jurídicamente ese reclamo del Gobierno de la Ciudad? ¿Puede la Corte ensayar una especie de “reto” a ambos? El GCBA jugó fuerte su carta de autonomía y la potestad de ordenar dentro de su territorio las distintas actividades escolares, de la mano del argumento de la federalización de la educación.

En Tribunales la apuesta juega entre un rechazo a medias de la pretensión de la Ciudad: ratificar la validez del DNU pero con un mensaje de que las medidas deben ser limitadas en el tiempo y fundamentadas de manera directa. ¿Vendrá con un óbiter, este espacio donde el Máximo Tribunal argumenta sobre la cuestión? Cabe recordar aquí la polémica del año pasado con las sesiones virtuales: la Corte le rechazó a Cristina Fernández de Kirchner en lo formal su presentación pero el óbiter dejó en claro que el Senado tenía la potestad constitucional para interpretar su propio reglamento.

Mientras todo esto se discute, los amparos y las presentaciones contra el DNU (en su totalidad o focalizado en algunos artículos) se repiten una y otra vez en el fuero contencioso administrativo federal. Una de las últimas causas en abrirse fue la que impulsó la Cámara de Empresarios de Discotecas y Entretenimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos. El amparo colectivo la apertura de toda la actividad comercial nocturna sin límite horario en la Ciudad. 

El PRO también presentó un escrito contra el DNU y todas las restricciones mientras que un grupo de abogados tendrá en el fuero criminal y correccional una audiencia de habeas corpus por todos los decretos dictados desde marzo de 2020. Será el miércoles 29 y estará a cargo del juez Diego Slupski, que había rechazado de plano la presentación pero que tuvo que reacomodar su postura por orden de la Cámara del Crimen. Justamente esa Cámara fue una de las que se opuso activamente durante el año pasado contra la reforma judicial que impulsó Alberto Fernández.