Esta mañana Horacio Rodríguez Larreta presentó un amparo ante la Corte Suprema de la Justicia en contra de la decisión del presidente Alberto Fernández de suspender por dos semanas las clases presenciales en el Área Metropilitana de Buenos Aires (AMBA). 

Horas más tarde los jueces supremos pidieron opinión al Ministerio Público Fiscal respecto a si el Máximo Tribunal es competente para intervenir en este conflicto. Tan sólo dos horas se tomó procurador fiscal ante la Corte Laura Monti para señalar que sí es compentente. Monti argumentó que "toda vez que, en el caso, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal según lo dispuesto por el art. 116 de la Constitución Nacional, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia".

La Procuración no tenía plazos para definir y opinar sobre la competencia, pero en línea a la urgencia que este tema plantea (la medida rige a partir del lunes), el organismo aceleró su dictamen.

En su presentación de esta mañana, el Gobierno de la Ciudad consideró: “fundándose en la excusa de la propagación de la segunda ola del COVID-19, el Estado Nacional hace tabla rasa con el texto y el espíritu de la Constitucional Nacional, con el objeto de cercenar los derechos del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, pretendiendo imponer de manera inconsulta una solución extrema que no encuentra justificativo en la situación epidemiológica actual, en cuanto a su real propagación en el ámbito escolar”.