A partir de las 16, Marcela Losardo inaugurará formalmente el proceso de reforma judicial que el oficialismo pretende aprobar hacia fines de este año. La ministra de Justicia será la primera de una lista de expositores que tendrán las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación.

A Losardo le tocará defender el proyecto de reforma que había sido anticipado varias veces por Alberto Fernández y que había sido eje de sus discursos del 10 de diciembre y el 1 de marzo. La oposición ya adelantó que no está para nada interesada en que esto se convierta en ley pero sabe que la mayor capacidad de daño la podrá hacer desde Diputados, donde los números del Frente de Todos son más exiguos. Por videoconferencia, le tocará responder sobre lo que le pregunten, por ejemplo, Laura Rodriguez Machado y Silvia Elías de Pérez.

“El próximo paso será que desde el jueves escucharemos a una serie de expositores y pretendemos que la oposición también eleve su listado y que se puedan escuchar todas las posiciones”, explicó hoy María de los Ángeles Sacnun, a cargo de la comisión de Asuntos Constitucionales. Esta idea es una forma de garantizar cierta paz durante el tratamiento. Las listas van a incluir desde expertos en derecho hasta organizaciones civiles, pasando por los Colegios Públicos de Abogados.

No obstante, tampoco está planificado que estos debates y exposiciones se dilaten demasiado: está previsto que hacia fines de agosto las comisiones puedan dar el OK por mayoría y elevar todo el paquete de reforma al pleno del Senado. Para esto no son necesarias mayorías especiales con lo que se especula que la aprobación estaría garantizada, al tener el Frente de Todos arriba de 37 senadores y senadoras.

En Diputados la cuestión es más áspera pues el oficialismo no llega a los 129 necesarios para el quórum: tiene 118 representantes así que dependerá de las alianzas que teja con algunos bloques más pequeños que no integran la bancada de Juntos por el Cambio.

Las principales críticas por fuera y por dentro del sistema judicial giran en torno a la idea del costo de implementar este mega fuero federal que consistiría en la unificación de Comodoro Py con Penal Económico y la creación de 23 juzgados más. Dentro de Tribunales marcan, además, que esto iría en contra del sistema acusatorio que se pretende implementar, donde los fiscales se convierten en estrellas del proceso, con la responsabilidad de hacerse cargo de cada una de las investigación.

Otra de las cuestiones que generó críticas fue la posible sobrecarga de la Cámara de Casación Federal que actualmente recibe todas las causas penales federales del país. Con la creación de los nuevos juzgados en las provincias y en la Ciudad, la reproducción de expedientes puede generar un cuello de botella.

Desde otro lado, el sector más progresista critica que el plazo para llegar al acusatorio sea de dos años y que en la reforma no se hayan previstos mecanismos mejores de acceso a la justicia. Lo que si reconocen es que el sistema de subrogancias para estos nuevos juzgados será incluso más transparente de lo que es ahora: intervendrán la Cámara Nacional de Casación, el Consejo de la Magistratura y el Senado.