La Cámara Federal porteña habilitó este jueves el secuestro del celular del diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, una medida que había sido solicitada por la querella de la vicepresidenta Cristina Kirchner y por la fiscalía en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre pasado.

El tribunal de apelaciones decidió, por mayoría, revocar la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti y habilitar la medida,. Por la ley de fueros, se precisaría autorización de la Cámara de Diputados.

“Teniendo fundamentalmente en cuenta la excepcionalidad que revisten las presentes actuaciones en cuanto a la magnitud por la gravedad que tiene el hecho objeto de la investigación, entendemos que no deben restringirse diligencias -en el marco de su pertinencia- que puedan admitir avanzar o excluir responsabilidades en la pesquisa”, sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Y añadieron: “Estamos ante un hecho histórico sobre el que ninguna duda debe quedar pendiente de dilucidación y, en la medida que exista una sospecha y una posibilidad de progreso en la averiguación de la verdad, las diligencias probatorias no deben restringirse, siempre en consonancia con el respeto a los derechos y garantías que el proceso requiere".

Para los magistrados, “el secuestro del aparato celular del Diputado Milman encuentra debida motivación en los fundamentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal que tornan admisible dicha medida en consonancia con la hipótesis delictiva investigada en autos”.

El secuestro del teléfono había sido reiteradamente pedido por los abogados de la vicepresidenta, José Ubeira y Marcos Aldazábal, y apoyado por el fiscal Carlos Rívolo después de la declaración de una ex secretaria, Ivana Bohdziewicz.

De este modo, la Cámara le ordenó a Capuchetti que proceda en ese sentido “para dar respuesta a la víctima, la sociedad en general y al propio diputado, quien reviste el derecho a que se desestime de manera certera la versión sobre sus presuntos dichos y toda posible injerencia en los hechos”. En disidencia,  Mariano Llorens opinó que se debía rechazar el secuestro y peritaje del teléfono del diputado.