Al cumplirse tres años desde el fallo de la Corte Suprema que determinó un caudal mínimo constante de 3,2 metros cúbicos en la frontera interprovincial entre La Pampa y Mendoza, el gobernador pampeano Sergio Ziliotto pidió a la Fiscalía de Estado que presente una nueva solicitud para que se cumpla lo resuelto. 

“Tres años después de ese veredicto, el río sigue sin fluir, la provincia de Mendoza sigue ignorando las sentencias judiciales y la Corte Suprema de Justicia de la Nación continúa sin hacer cumplir sus pronunciamientos, manteniendo un silencio total a pesar de las repetidas solicitudes de nuestra provincia”, sostuvo el gobernador a través de sus redes sociales. 

“A medida que pasa el tiempo, la falta de agua en nuestro territorio continúa desertificando y degradando el suelo, y los habitantes del noreste pampeano siguen experimentando directamente los efectos negativos que la escasez de agua tiene en su calidad de vida y la productividad de sus tierras”, agregó.

Para Ziliotto, “el daño ambiental causado por la provincia de Mendoza al cortar el flujo de agua del río Atuel se vuelve cada día más difícil de detener y, por lo tanto, de remediar”.

La causa

En 2020, la Corte Suprema fijó un caudal mínimo permanente para el río Atuel de 3,2 metros cúbicos por segundo para moderar el daño por falta de escurrimiento que sufre la provincia de La Pampa y que generó un conflicto ya histórico con Mendoza.

El máximo tribunal tomó esta decisión con el voto mayoritario de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, mientras que Carlos Rosenkrantz, acompañó la resolución pero con objeciones a los argumentos de la mayoría.

En diciembre de 2017, la Corte había ordenado a las administraciones de La Pampa y Mendoza que establecieran en 30 días un “caudal hídrico apto” en el río Atuel para moderar los efectos ambientales y económicos que sufre La Pampa por la escasez de agua en esa cuenca. Más que vencido el plazo, el máximo tribunal consultó al Instituto Nacional del Agua (INA), que consideró razonable la circulación de 3,2 metros cúbicos por segundo.

El conflicto entre las provincias comenzó en 1947, con la construcción de la represa El Nihuil en Mendoza, que afectó a las especie autóctonas y a pobladores del oeste pampeano que tuvieron que emigrar por el impacto ecológico.

La Pampa recurrió a la justicia y en 1987 obtuvo un fallo favorable de la Corte señalando que el río era interprovincial y que debía terminar el daño derivado para el territorio pampeano, sin embargo, nada ocurrió hasta que en 2014 se inició un nuevo juicio que generó la directiva de la Corte para que se fijara un caudal negociado entre ambas provincias.

A lo largo de 2018, ambos hicieron sus ofertas pero proponiendo caudales muy lejanos entre sí: mientras La Pampa reclamaba 4,5 metros cúbicos por segundo, Mendoza ofrecía 1,3, y ante esa falta de solución consensuada, la Corte zanjó que debe pasar 3,2.