En un delicado revés para Mauricio Macri, la magistrada María Romilda Servini libró una orden para entrecruzar las llamadas entre el expresidente y su mesa judicial entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019.

El pedido de Servini también involucra la detección de la activación de antenas de celulares para determinar, por geolocalización, los puntos desde donde se realizaban las comunicaciones entre Macri y los demás investigados.

La Justicia busca determinar si desde el Poder Ejecutivo se ejercieron presiones a través de resoluciones para poner contra las cuerdas al grupo empresario y a sus principales accionistas durante el macrismo.