“Como medida para mejor proveer y con suspensión del plazo de deliberación, requiérase –con carácter de urgente- al Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 remita a esta judicatura soporte fílmico, digital u otro medio técnico en el cual se hayan registrado las declaraciones efectuadas en el marco del acuerdo de colaboración por los imputados arrepentidos”. En tres líneas, una sala de la Cámara de Casación Federal puso al límite la causa de los Cuadernos, al requerir al juzgado las declaraciones de los arrepentidos, que no fueron filmadas ni registradas en audio, solo por escrito.

La causa de los Cuadernos, el expediente que llevaron adelante el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli tuvo como eje la declaración de los arrepentidos y las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Con esos dos pilares fundamentales, se diagramó una acusación gigante que incluyó tanto a Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido como a importantes empresarios como Juan Chediack, Carlos Wagner y Ángel Calcaterra. Actualmente, la gran parte de la causa está en el Tribunal Oral Federal 7 y no tiene fecha de juicio ni tampoco se ha comenzado con los trámites necesarios como para fijar ese inicio.

Ciertas defensas de los implicados en el expediente siempre cuestionaron la validez de los acuerdos de arrepentimiento, a los que consideraron como "extorsivos".  Además, desde los sectores políticos se centraron en un artículo de la ley que se sancionó durante el macrismo: “Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. La cuestión en pugna allí es cómo se registraron esos acuerdos. Ni Bonadio ni Stornelli llevaron adelante un registro en audio o video. Todo quedó transcripto como las declaraciones e indagatorias "normales".  

Los jueces de la Casación Federal Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone tienen una serie de planteos de las defensas, por ejemplo, de Julio De Vido y Gerardo Ferreyra. Antes de definir sobre los pedidos (que incluyen nulidades importantes que podrían llegar a hacer que toda la causa se desarme) es que decidieron requerirle al Juzgado Federal 11 que envíe el famoso “soporte fílmico, digital". Ese juzgado está ahora a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, que deberá cumplir con esto que le pide la Casación de alguna manera.