Acuerdo con el FMI: por qué Guzmán teme a los cambios en el proyecto y a la falta de "ownership"
El próximo vencimiento con el organismo es en 12 días y la sanción en el Congreso debe llegar antes. La oposición abre una puerta, pero quiere despegarse el programa económico. Dentro del oficialismo los desacuerdos no son pocos. El FMI también juega y pide un amplio apoyo político.
Los tiempos de definición técnica con el Fondo Monetario Internacional terminaron y ahora es momento de que la política interna defina la aprobación del acuerdo en el Congreso. El Gobierno nacional confía en sus posibilidades de éxito, pero teme que un intento de cambios en el proyecto enviado al Parlamento, o una ola de abstenciones transversal, complique una aprobación del directorio del organismo.
La postura del oficialismo es clara y fue expresada por el Ministro de Economía, Martín Guzmán, en su exposición del entendimiento en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas. “No se puede separar el financiamiento que va a recibir Argentina por US $45.000 millones, para pagar la deuda que tomó Mauricio Macri, del programa económico y las metas para habilitar los desembolsos”, sostuvo el titular de la cartera económica.
“Estamos en zona de parlamentarismo puro y duro. Debemos ser respetuosos de la división de poderes”, dijeron ayer desde Economía a Data Clave. Lo cierto es que tampoco el programa logró convencer al kirchnerismo de dar su apoyo incondicional y crecen los rumores de una abstención, en el mejor de los casos, por parte de Máximo Kirchner.
La situación que enfrenta el Gobierno y, en definitiva, Argentina es que el próximo 22 de marzo vencen con el organismo US$ 2.800 millones de dólares. La falta de un acuerdo también implica otro compromiso con el Club de París por US$ 2.000 millones el 31 del corriente mes.
Sin dólares en las reservas del Banco Central, recordando también que el Fondo se compromete a darle a nuestro país US$ 9.800 millones de dólares una vez sancionado el acuerdo, un escenario de atrasos podría ser sumamente negativo. Ese es el consenso entre los analistas, empresarios y políticos de todos los signos políticos: sin acuerdo, la debilitada economía argentina quedaría a la deriva.
Tiempo parlamentario
Por el lado de la oposición, en particular Juntos por el Cambio, la postura también es clara desde hace tiempo. Salvo desde los sectores más duros del PRO, y descontando la negativa de la izquierda y los libertarios, la intención es acompañar el proyecto para sancionar el acuerdo siempre y cuando eso no signifique refrendar el programa económico plasmado en el acuerdo. Antes querían conocer la letra chica y ahora parece que la situación es diferente.
La explicación es política. El contexto internacional cambió: la salida de la pandemia se ve opacada por la invasión rusa a Ucrania y la suba en los precios de las commodities y la energía a nivel mundial. El nuevo escenario podría hacer peligrar las metas que lleva el acuerdo, criterios de desempeño que el Fondo evaluará su cumplimiento trimestral y hacia adelante.
“Nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda”, reconoce el Memorando de políticas económicas y financieras. En un escenario adverso, la oposición no quiere compartir el costo político de un “ajuste” antipático para la población que podría llegar de la mano de un menor margen de maniobra ante una posible contingencia.
“Estamos totalmente en contra de acompañar el diagnóstico de que se gestionó bien la pandemia o las críticas hacia el Gobierno de Macri que lleva el acuerdo en sus primeras páginas”, se quejó un diputado de Juntos por el Cambio ante Data Clave. “Estamos dispuestos a acompañar una ley que apruebe el financiamiento y que tenga las metas de déficit, emisión y acumulación de reservas; pero no la forma en las que se van a alcanzar porque eso es potestad del Gobierno nacional”, agregó.
“Apropiación”
Mientras tanto, el FMI observa atento desde Washington. El organismo quiere asegurarse de que el programa tendrá una continuidad en el tiempo, más allá de qué fuerza sea la que defina las políticas del país, a través de un amplio consenso político sobre el entendimiento. Lo que en términos técnicos se conoce como “ownership” o “apropiación” del programa, algo que se criticó del pacto con Macri en la evaluación ex post del Stand By de 2018.
Este punto sobrevoló el asado que compartió Guzmán con empresarios de multinacionales que operan en Argentina. El ministro “blanqueo” su preocupación porque una ola de abstenciones deje en una posición de debilidad el programa acordado y que eso perjudique las posibilidades de una aprobación en el directorio del Fondo.
Los empresarios apoyaron la visión del ministro y, además, mostraron iniciativa en comprometerse con dejar claro su apoyo públicamente. Algo similar sucedió en las exposiciones en el Congreso de ayer, cuando el G6 y entidades pymes pidieron una aprobación a los diputados, advirtiendo las consecuencias negativas que significará entrar en atrasos. El poder económico entendió la necesidad de una salida rápida, mientras que el político aún define qué hacer.
