Hace dos meses venció el DNU que suspendía los desalojos a inquilinos por falta de pago en todo el territorio nacional. Esa decisión, en contra de una solución provisoria había emergido durante la pandemia, fue cuestionada por distintas organizaciones de la sociedad civil al no dejar instrumentos vigentes para atender esta problemática. 

En esos días, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, había defendido la medida pero había aclarado que “no habrá posibilidad de desalojos sin mediación”. 

En ese marco, desde esa cartera impulsaron el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales, que estará coordinado entre la secretaría de Desarrollo Territorial y el Ministerio Público de la Defensa (MPD), organismo que atiende la defensa de quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad para acceder a la justicia en la Ciudad de Buenos Aires.

El protocolo apuntará a abordar los casos de locatarios que enfrentan procesos de mediación o desalojo. Pero desarrollará primero un Registro de Población en Riesgo de Desalojo en Regímenes de Alquiler Formal. 

Según precisaron desde el Gobierno, el protocolo “será un instrumento para coordinar acciones, y la necesidad de articulación con la Nación y con otras regiones para dar respuestas efectivas a los diversos hogares afectados por desalojos inminentes”. Además, buscará recabar información sobre "solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo”. 

“Es fundamental que el Estado Nacional pueda generar instrumentos de articulación con otros poderes del Estado, que permitan estar más cerca de las situaciones de vulneración de derechos”, aseguró Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial.