“Llegamos a esta reunión para dictaminar la media sanción que viene del Senado para avanzar con esta deuda que nos reclama la sociedad y que tiene que ver con la Salud Pública”, adelantó la presidenta del plenario de cuatro comisiones, Cecilia Moreau, al iniciar el debate.

Finalmente, luego de largas horas de debate, el proyecto de etiquetado frontal con media sanción del Senado obtuvo dictámen con 91 firmas y se impuso como mayoría. Fue acompañado por el grueso del Frente de Todos pero también con muchas firmas de Juntos por el Cambio, principalmente del bloque radical.

“Vamos a acompañar esta media sanción, en el convencimiento de que estamos saldando una deuda que tiene el Congreso, básicamente con dos derechos, el acceso a la información y a la salud”, dijo la radical Brenda Austín.

Lejos de este número, con 12 firmas se quedó el dictamen de la diputada del PRO, Carmén Polledo y con 5 firmas el dictamen del oficialista Pablo Yedlin (Tucumán) que se opone al proyecto de su propio bloque en defensa de la industria azucarera. Además, otro dictamen del macrista Alejandro García quedó con solo 2. En un panorama altamente dividido, la propuesta que impulsa el oficialismo logró sacar una gran ventaja.

El proyecto establece que los productos que tengan un contenido por encima de los límites fijados informen con una etiqueta octogonal negra y con letras en blanco el exceso que puede perjudicar la salud. Las diferencias surgen por el tamaño de esa información y la relación con legislación de países vecinos. Argentina estaría sumándose a lo que sucede en Chile y alejándose de Uruguay y Brasil.

El ruido interno en el Frente de Todos, que según el propio oficialismo nunca fue “sustancial”, tiene un punto final. “La intención es dictaminar el proyecto sin cambios a la media sanción del Senado”, habia adelantado una diputada a Data Clave el bloque del Frente de Todos.

En todo este tiempo, el compromiso asumido por líderes de la coalición de gobierno con el propio gobernador de Tucumán, Juan Manzur, nubló el avance de la iniciativa. Fueron los legisladores por Tucuman los que consideraban a esta medida que salió del Senado como “muy dura” y que podría afectar gravemente a la industria del azúcar. Una de las principales fuentes de trabajo en la provincia. A esto se sumó un fuerte lobby empresarial.

"Estoy en total acuerdo con el etiquetado frontal de advertencia en Argentina, aun así la ley tiene algunos errores que a mi manera de ver no podrán ser salvados por la reglamentación; y que propongo enmendar con el dictamen de minoría", dijo Yedlin.

Por su parte, "algo central es si nos conformamos con informar, promover y educar; o pretendemos avanzar con prohibiciones y censuras, es decir con herramientas de control social propias de regímenes autoritarios".

El que le puso fin al debate fue el presidente del bloque, Máximo Kirchner, que cerró filas y apoyó directamente sostener una media sanción del Senado que fue impulsada por Anabel Fernández Sagasti, línea directa de Cristina Fernández y La Cámpora. 

La definición del Frente de Todos, sumado a los votos de Juntos por el Cambio que apoyan el proyecto aseguran que se pueda avanzar sin cambios y alcanzar la sanción definitiva en el recinto.

En la oposición, más precisamente en el PRO, algunos diputados reclaman cambios y piden que se tenga en cuenta un marco normativo que siga los parámetros del Mercosur y más precisamente de Brasil. Los votos negativos se ordenan detrás de este reclamo al igual que el mundo de las empresas alimenticias.

Los empresarios asumen que perdieron el poder de fuego en Diputados pero siguen ejerciendo presión. “Lejos de obstaculizar el debate, nuestro sector busca lograr una propuesta que permita informar de manera comprensible, correcta y veraz al consumidor -el verdadero beneficiario- sin desatender la mirada y las preocupaciones del sector productivo”, detalló en un comunicado la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal).

Los referentes de COPAL sostienen dos críticas fundamentales: que el sello de información nutricional no es un incentivo para bajar el porcentaje de esos contenidos y la otra, la falta de coordinación en Mercosur. Con la decisión tomada en el bloque del Frente de Todos, el lobby se trasladará al Ejecutivo y la reglamentación.