El Gobierno nacional llevará a cabo este martes a las 14 horas la “Primera Reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal” para avanzar en la implementación del sistema acusatoria para la provincia de Santa Fe. 

El encuentro será encabezado por  el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona,  y estarán presentes el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y el titular de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky.

Asimismo, fueron invitados jueces y fiscales federales de Rosario e integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación. En tanto, la presencia del presidente Javier Milei no está confirmada.

Ante la reciente ola de violencia en Rosario vinculada al narcotráfico, el Gobierno tomó la decisión aplicar el sistema acusatorio. El Ministro de Justicia había anunciado que el nuevo Código Procesal Penal Federal iba a comenzar a regir en dicha jurisdicción desde ayer. 

Sin embargo, ante el cuestionamiento de los trabajadores judiciales y de la propia Procuración General, tuvieron que diferir la aplicación y la misma comenzará a regir a partir del 6 de mayo. 

Desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) habían recordado que la puesta en marcha del nuevo Código en Salta y Jujuy “llevó un proceso de 8 meses y medio, y que aún demuestra las inconsistencias en cuanto a falta de recursos y de personal para llevar adelante una tarea eficaz”.

En tanto, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, había precisado: “La inminencia en la ejecución de la medida implicaría la puesta en funcionamiento del sistema sin muchas de las adecuaciones que, al menos esta institución, considera fundamentales para el correcto cumplimiento del rol que el nuevo modelo le exige”. 

El nuevo Código Procesal pone en manos de los fiscales la responsabilidad de las investigaciones penal, mientras que los jueces son los que ordenan allanamientos o detenciones y velan por el cumplimiento de las garantías procesales.

Además implica un cambio en la forma de realizar procesos, ya que se instrumenta la oralidad durante la pesquisa. Esto es: la realización de audiencias orales en las que se acusa a los imputados, se fundamentan los pedidos de allanamientos o detenciones.