2022 podría ser el año en que el Consejo de la Magistratura tenga tres conformaciones distintas. De los 13 integrantes que tiene hoy se pasaría a los 20 que eran en 2006 y que la Corte ordenó que vuelvan tras declarar la inconstitucionalidad de la actual conformación. Sin embargo, a fines de este año debe renovarse la integración, por lo que los 7 que asuman solo lo harán hasta noviembre. A todo este dilema/rompecabeza se le suma que el Congreso de la Nación tiene pendiente el debate sobre la nueva ley del Consejo, que se ve más que complicada en el contexto político actual.

En diciembre, la Corte Suprema complicó todo el panorama judicial de 2022 al definir que la conformación de 13 miembros/as que tiene el Consejo desde 2006 es inconstitucional. Además de instar al Poder Legislativo a que sancione una nueva ley, tres de los magistrados marcaron que si en 120 días eso no se corregía, se debía volver a la integración de 20 que tenía hace 16 años. 

En paralelo a los proyectos que llegaron al Congreso, el Consejo activó el protocolo “llegar a los 20”, que incluye una silla para el presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Esta semana, se definirán los lugares de la jueza, las dos abogadas y la académica que deben incorporarse. 

En las elecciones de magistradas están la jueza de Ejecución Penal Jimena Monsalve (por la agrupación Compromiso Judicial); la jueza laboral Viviana Dobarro (Lista Celeste) y la magistrada civil Agustina Díaz Cordero (por la Lista Bordó). La idea de que tanto juezas como abogadas y la académica a ingresar sean mujeres fue tomada por la mayoría del Consejo, al considerar que se debía dar prioridad a la paridad en la conformación. En Tribunales miran con escepticismo la elección y el funcionamiento 

Por otra parte, la abogada Jimena de la Torre, subdirectora de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri, competirá primera en la lista contra la decana de la universidad de Lomas de Zamora, María Fernanda Vázquez. La ex funcionaria -que redactó la ley de blanqueo- es resistida por varios sectores de la UCR dentro de Juntos por el Cambio, a quienes no les agradó la postulación, que viene con el sello directo del expresidente y de Germán Garavano.

Sin embargo, más allá de las elecciones y de lo que se juega, para que los 20 llegue a ser una realidad y que el Consejo pueda funcionar bajo ese esquema, el Congreso debe mandar un representante por el Senado y otro por Diputados, algo que también está bastante lejos de suceder. La oposición reclama esos lugares: la discusión es siempre la misma, si se debe computar el bloque, el interbloque o el espacio. Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner no han activado de manera formal ese camino, por lo que allí radica una gran traba.

Si bien en el Senado se aprobaría una reforma (con votos de aliados), lo cierto es que nada garantiza que ese proyecto consiga atravesar con éxito Diputados, donde los números son mucho más apretados. La oposición no gusta de lo que se debatió hasta ahora y existe una diferencia fundamental: el oficialismo no quiere a la Corte en el Consejo y Juntos por el Cambio, si.

En un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado, el oficialismo y el senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, unificaron posiciones en un solo dictamen. Sobre esta iniciativa se refirió Roberto Lavagna en sus redes sociales, quien sostuvo que el “Consejo de la Magistratura pertenece al área judicial y es natural que sea presidido por el Presidente de la Corte". Esta postura puso en duda el voto de los diputados que responden al exministro de Economía, lo que podría hacer peligrar la aprobación del proyecto.

A todo esto, el reloj corre. El 15 de abril, las decisiones que el Consejo tome serán nulas. Por eso, se activó la idea de aplicar un reglamento especial para evitar la paralización absoluta. El organismo, además de llevar adelante todos los concursos para juezas y jueces y resolver sobre denuncias y procesos disciplinarios, tiene a su cargo la administración del Poder Judicial. Nadie se imagina a magistrados/as, empleados/as y funcionarios/as sin sueldo por el tiempo que dure el shutdown.

La idea es mantener un funcionamiento bajo perfil: con comisiones sin definir nada en plenarios pero con actividad y para dejar todo lo que se pueda de forma ordenada para evitar cualquier tipo de obstáculo en el funcionamiento del sistema judicial. También hay mente la posibilidad de dejar todo listo si la situación se extiende y llega hasta noviembre, mes en que se debe re-armarse el organismo porque vencen los mandatos de los actuales consejeros. En los próximos días, habrá un nuevo plenario con todos y todas para organizar la situación de la mejor forma antes de Semana Santa.