Se dilata la licitación de la Hidrovía y nace un conflicto millonario: la puja por el peaje
Aún no hay fecha para que se reúna el Consejo Federal y en el interior del Frente de Todos crece la presión para que el Estado recupere protagonismo en la vía troncal. En contra de lo que opinan las cámaras empresariales, exigen que el control tarifario quede fuera de la licitación. Se estima que este negocio factura por encima de US$300 millones por año.
Otra vez reina el clima de incertidumbre. La prórroga por 90 días a la concesión de Hidrovía S.A. no despejó las dudas que pesan sobre este complejo entramado que involucra al Gobierno nacional, a gobiernos provinciales, cámaras empresariales, empresas internacionales y sindicatos, entre otros actores. Pero que además atraviesa al Frente de Todos generando una nueva interna que promete causar más de un malestar en Casa Rosada. En parte, porque el presidente Alberto Fernández se ha involucrado personalmente en esta cuestión.
La muerte de Mario Meoni dejó manco el proceso de licitación que se lleva adelante desde el Consejo Federal por la Hidrovía (que no volvió a reunirse desde marzo) y su sucesor, Alexis Guerrera, debe enfrentar una posición que se tornó más agresiva por parte de distintos integrantes de la coalición oficialista que reclaman la estatización de la vía troncal (como se le denomina a los 1.400 kilómetros por el cual salen cerca del 80% de las exportaciones argentinas).
La postura por la “estatización” es una posición extrema adoptada principalmente por el kirchnerismo, que se refleja, por caso, en los senadores nacionales Jorge Taiana y Jorge Mayans. Pero no piden tanto. La puja es por los peajes. Si avanza el proceso, el Estado apuntará a que el dragado de la hidrovía continúe en manos de capitales extranjeros mientras que el balizamiento podría ser adjudicado a una firma local. Se conformará a su vez un organismo de control conformado por el Estado nacional y las siete provincias involucradas en la hidrovía.
Pero hay sectores del Frente de Todos que exigen más que el control. Exigen que el Estado se haga cargo también de una caja que supera los US$300 millones por año: el peaje que se le cobra a los barcos por el servicio que se realiza sobre el río.
Esa postura está reflejada en la provincia de Buenos Aires, a través del ministro de Producción, Augusto Costa, que en diálogo con Data Clave aseveró que “no puede ser que el Estado se haya desligado de la administración, control y fiscalización de la hidrovía”. Y se refirió a la disputa tarifaria: “La posición de la Provincia es que el Estado recupere el cobro de peajes, el control y que pague por los servicios de dragado, balizamiento y mantenimiento lo que corresponde”.
Actualmente, los servicios sobre la vía troncal están delegados en Hidrovía S.A, firma compuesta mayoritariamente por la empresa belga Jan del Nul (a cargo del dragado) y por la Argentina EMEPA (a cargo del balizamiento y señalamiento), la firma de Gabriel Romero, el empresario procesado en el marco de la causa cuadernos por declarar (como arrepentido) que pagó US$650 mil para que se prorrogue la concesión (durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner).
Quitarle el peaje a las empresas podría cambiar el tono y el valor del proceso licitatorio, pero es una decisión que el Gobierno deberá comunicar en breve. Actualmente, lo que dispuso el Ministerio de Transporte es que los servicios no estén concentrados en una sola empresa, si no que se divida por tramos.
La posición en contra de que el Estado administre el peaje estuvo representada en estos últimos días por las cámaras empresariales. "Coincidimos en que haya un órgano de control estatal que supervise la relación entre las obras realizadas y lo que efectivamente se paga, pero no que sea el Estado el que cobre la tarifa”, dijo Gustavo Idígoras (Centro de Exportadores de Cereales) días atrás al diario La Nación.
En tanto, Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, precisó, al diario El Litoral, que "la carga es la que paga el peaje y va a salir más barato en la medida en que la empresa concesionaria sea quien recibe el pago. Si el dinero tiene que pasar por el Estado, se genera una contingencia que va a encarecer a todos los argentinos la competitividad. Sería un error".
Según Costa, dentro del Consejo Federal por la Hidrovía “hay consenso” en avanzar sobre el control del peaje, “más allá de matices”. “Estamos en un punto donde hay que lograr avances concretos y esperamos que en los próximos meses se pueda conseguir avanzar en la licitación del canal magdalena, que viene cumpliendo todos los pasos correspondientes, y en un esquema para la red navegable troncal ("hidrovía") que cambie la lógica de funcionamiento que vino teniendo las últimas décadas”, describió en diálogo con este medio el ministro bonaerense.