El Senado se prepara para una de las sesiones más importantes del año: esta semana se tratará el proyecto de Presupuesto 2023.

La sesión -aún no se confirmó la fecha- también incluirá la discusión del proyecto de ley, aprobado hace dos meses en Diputados, que prorroga por cinco años la vigencia de los impuestos a las Ganancias, a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como Ley del Cheque; del Monotributo, el Capital de la Cooperativa y el adicional de Cigarrillo, que vencen a fines de 2022 y explican el 32% de la recaudación impositiva.

A diferencia de lo que sucedió en Diputados, Juntos por el Cambio definirá esta semana su postura. El oficialismo, por su parte, espera tener los votos necesarios con la ayuda de sus aliados.

Días atrás, la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el riojano Ricardo Guerra (FdT) emitió dictamen de mayoría al proyecto de Presupuesto 2023, que obtuvo media sanción la semana pasada en la Cámara de Diputados.  El texto obtuvo el respaldo del interbloque oficialista del Frente de Todos y del senador por el frente Juntos Somos Río Negro, Alberto Wereltilneck. Por su parte, lo legisladores de Juntos por el Cambio que integran la comisión no prestaron el apoyo.

En la presentación del proyecto enviado por el Ejecutivo en septiembre pasado, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, afirmó que se trata de un proyecto “prudente y realista, planteada con responsabilidad”, al tiempo que señaló: “Pretendemos que el 2023 transcurra con un mecanismo ordenado de funcionamiento del Estado, y con metas que fije el Parlamento, pero que nos den previsibilidad”.

Vale recordar que el proyecto de Presupuesto 2023 fue aprobado por la Cámara de Diputados en los últimos días de octubre, tras una extensa sesión en la que el Frente de Todos logró sancionarlo con votos propios, de fuerzas provinciales y de legisladores del radicalismo encuadrados en Juntos por el Cambio.

Durante el debate se eliminaron dos puntos conflictivos -el pago del Impuesto a las Ganancias para el Poder Judicial y la facultad delegada al Ejecutivo para subir retenciones-, para allanar la sanción.