“Usted cuando está con el juez Lugones es bueno”, bromeó la diputada Graciela Camaño durante la reunión de la Comisión de Selección que se hizo esta semana. ¿El destinatario? El diputado Pablo Tonelli, una de las espadas de la oposición dentro del Consejo de la Magistratura. El tono jocoso y las sonrisas en los plenarios contrastan con los encontronazos que se viven cuando los temas se salen de lo estrictamente judicial u operativo.

Esta semana, el eje se posó en el Concurso N° 461, destinado a cubrir dos cargos de vocal en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, de la Cámara Federal de Comodoro Py donde ahora están los trasladados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. El año pasado, la Corte Suprema dijo que la situación de los trasladados no era definitiva y desató una serie de complicaciones pues muchos de los que fueron trasladados no tienen un lugar al cual volver.

El concurso por los dos lugares dentro de la Cámara Federal está en etapas definitorias. Esta semana, se filtró que iba a sufrir modificaciones la lista de mérito de los candidatos debido a ciertas reconsideraciones: una de ellas implicaba a la fiscal federal Cecilia Incardona, que tuvo a su cargo la causa por el espionaje ilegal en Lomas de Zamora. La oposición deslizó que se buscaba ponerla en lugares expectantes para que entre en la terna y desde el oficialismo le contestaron que había quedado mal ubicada porque no se le habían contado sus antecedentes.

“En algunos medios, por errores nuestros que trascienden cosas que no son tales, ha habido títulos sobre maniobras y se ha puesto en tela de juicio al Consejo”, dijo el jueves Diego Molea, presidente del Consejo e integrante de la comisión de Acusación. La situación apuntaba a lo hecho por Vanesa Siley, quién realizó el dictamen donde se proponía el nuevo orden de aquellos que se presentaron a los exámenes y fueron evaluados sus antecedentes.

“La gente ha tomado la mala costumbre de decir que cuando no le gusta algo es corruptel o trato incorrecto”, dijo el juez Alberto Lugones en ese momento. Siley tomó la palabra para aclarar la situación de Incardona. “Esta concursante tiene 9 años y 11 meses como magistrada, 2 años y 7 meses como fiscal penal federal que es la misma competencia para la que concursó, también trabajó como secretaria en la Cámara Federal”, sostuvo y agregó: “la diferencia también está en el caso de la docencia, esta concursante había tenido 0 puntos en docencia y nosotros hicimos una evaluación porque pude leer toda la trayectoria que la concursante tiene en materia docente”.

Finalmente, el dictamen recibió el voto de cinco de los integrantes de la comisión. Se opusieron Tonelli, el juez Ricardo Recondo y se abstuvo Camaño. Esta lista es importante porque determina quiénes son los que acceden a la entrevista personal en el Consejo. En esa línea, está primero el juez federal de Tucumán Fernando Pouviña y le sigue la coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres Agustina Rodríguez y en tercer lugar quedó Incardona. El juez en lo penal económico Javier López Biscayart quedó séptimo, Sebastián Casanello en el 20 y el trasladado Bertuzzi, en el lugar 21. Bruglia no se presentó a concursar.

El orden es importante porque en el dictamen se estableció que los primeros 22 serán entrevistados, por lo que Bertuzzi tendrá la posibilidad de estar en el Consejo. Una vez que pase la instancia de entrevistas, se realizará el orden de mérito oficial. Esa terna, para ser aprobada, necesita si o si del consenso con la oposición pues es requerida una mayoría especial (por lo menos 9 de los 13 integrantes).

Transparencia y seriedad

“¿Quién es el nuevo juez electoral en la provincia de Buenos Aires? ¿Es un juez ecuánime o militante? Es Ramos Padilla, un juez militante. Son avances que veo, aquellos que subestiman allá ellos, yo no subestimo", dijo hace algunas semanas Mauricio Macri. Esto derivó en un escrito donde los jueces de la Cámara Electoral le reclamaron al Consejo algún tipo de respuesta.

 “La justicia nacional electoral argentina no solo goza de un reconocido prestigio en la región, sino que ha tenido un rol cabal en asegurar el correcto desarrollo de los procesos electorales, cuya legitimidad nunca ha sido cuestionada desde la recuperación democrática en la década del 80”, firman los tres jueces electorales de la Cámara Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía.

La discusión sobre la respuesta tuvo rápidamente nombres propios. El representante del Ejecutivo Gerónimo Ustarroz salió a defender a Ramos Padilla y a cruzar a Tonelli, que había mencionado algo sobre un juez electoral. El diputado opositor lo interrumpió para decirle que, en realidad, él no se había referido al juez federal de La Plata sino a Walter Bento, juez con competencia electoral de Mendoza. Bento está procesado por coimas y el Consejo tiene abierta una investigación en su contra.

Finalmente, y con la abstención de Tonelli, se decidió enviar una nota sin nombres propios y con bastantes formalismos. “Le hago saber que este Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, ante expresiones de dirigentes políticos que han pretendido traer a debate la transparencia del proceso electoral y en términos generales la  objetividad de un magistrado federal con competencia electoral, se encuentra en la obligación de destacar que los jueces y juezas de la Nación, sin excepción, deben demostrar su idoneidad técnica, condiciones éticas y compromiso con los valores democráticos en el marco de concursos de oposición y antecedentes”, sostiene la nota que firma el presidente del Consejo.

​”​​​El desarrollo de los concursos que se sustancian ante esta sede goza de absoluta publicidad y persigue la mayor concurrencia posible en aras de la diversidad. Las ternas que se aprueban luego de cumplidas las instancias procedimentales resultan producto de valoraciones objetivas y de los consensos generales que requiere la mayoría calificada que exige la ley para su aprobación”, se explica en la nota.

“Más allá de las respetables opiniones, críticas o encomiásticas, que cualquier persona pueda tener respecto de un/a magistrado/a, debe ponerse de relieve la transparencia y seriedad del sistema de selección de los/as jueces/as de la Nación que tienen a su cargo el control de los procesos electivos”, cierra el escrito.

Otro de los temas que tuvo discusión fue el del presupuesto 2022. Fue aprobado finalmente un anteproyecto que prevé una suma de $136.011.604.233. La mayor parte de ese dinero está destinada a pagar salarios y demás cuestiones de recursos humanos. Hubo, sin embargo, menciones a la mejora del sistema informático, con el cual abogados/as, empleados/as, funcionarios/as y jueces/zas lidian a diario.