El próximo martes el Senado dará vuelta la página del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y saldrá rápidamente al ruedo por otro proyecto clave para el Ejecutivo. Será el turno de la reforma al Consejo de la Magistratura que deberá tener una nueva conformación por ley debido a un fallo de la Corte Suprema de Justicia. El Congreso tiene plazo hasta el 14 de abril para sancionar una nueva normativa.

Tanto el proyecto del Ejecutivo como las cinco iniciativas presentadas por senadores nacionales (cuatro de ellos de la oposición) están en el temario del plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales. Ambas presididas por senadores que se diferenciaron del Gobierno votando en contra del Acuerdo con el FMI, Oscar Parrilli (Neuquén) y Guillermo Snopek (Jujuy).

El Frente de Todos deberá volver a reconstruir una unidad perdida en el debate del Fondo Monetario. De los 35 senadores oficialistas, 13 votaron en contra argumentando en un duro comunicado contra las políticas del gabinete económico nacional. En una reunión de bloque interna previa a las sesión que terminó aprobando el nuevo crédito con el FMI, los legisladores oficialistas decidieron activar las comisiones con velocidad para mostrar un bloque activo y sin fisuras. Al menos, con temas en los que hay consenso interno.

El proyecto del Ejecutivo propone una integración de 17 miembros, con un eje en la paridad de género y darle más lugar a los estamentos académicos, judiciales y de los abogados, para equiparar con la pata política. Por otro lado, desde Juntos por el Cambio, Mario Negri, presentó iniciativa propia que propone retrotraer a la conformación de 2016 con 20 integrantes y con la presidencia del cuerpo a cargo de la CSJ. Este punto podría ser el principal motivo de disputa entre las dos bancadas mayoritarias.

Sin embargo, en diversas reuniones internas que mantuvo el bloque de senadores de cara al debate de la próxima semana, el foco principal estuvo puesto en la participación –o no- del presidente de la Corte y el rol como titular en el Consejo de la Magistratura, tal como lo establecía la antigua ley 24.937. Desde la coalición opositora consideran que la presidencia debe quedar a cargo del Máximo Tribunal, pero no necesariamente en manos de su presidente, es decir, el ministro Horacio Rosatti. La llegada de la Corte al Consejo no convence al oficialismo. Consideran que la inclusión de la Corte en el Consejo no respeta el espíritu de la reforma del 1994, que creó al organismo. “No se puede tener los pies en ambos platos”, comentan off the record.

El Frente de Todos volverá a tener una prueba de fuego con un tema de importancia institucional. Aquí, a diferencia de lo que sucedió con FMI, deberá estar unido y acercar a los aliados provinciales si no quiere que avance el proyecto de Juntos por el Cambio.