La Sociedad Rural Argentina (SRA) presentó ante la Justicia de Córdoba una demanda por inconstitucionalidad del cobro de retenciones en 2022, por entender que las mismas, "al caer la ley de Emergencia y no aprobándose el Presupuesto, a partir del primero de enero deberían ser cero".

Tras el sorteo, se supo que será el juez Ricardo Bustos Fierro quién lleve adelante la causa y ya le giró las actuaciones al fiscal interviniente Maximiliano Hairabedian para que de su opinión por considerar que están en juego intereses generales de la sociedad.

Entre sus argumentos, la SRA sostuvo que "el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar las alícuotas del tributo. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por dos años de esa facultad, priva de sustento legal a los derechos de exportación exigidos con posterioridad a la fecha mencionada". 

Por lo tanto, "no habiendo Ley de Emergencia ni Ley de Presupuesto no se puede cobrar los derechos de exportación, porque todo tributo debe ser respaldado por una ley. Eso es lo que le venimos marcando desde principio de año no solo al Ejecutivo sino también al Legislativo", consideró la demandante. 

En las últimas horas el Ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez sostuvo que la denuncia se trata de un "hecho político" y no judicial, ya que "sigue vigente y prorrogado el Presupuesto de 2021" y "ninguna de sus facultades se ha alterado", ya que con el decreto que extiende su validez "también se prorrogan todos los instrumentos recaudatorios".

Para el funcionario, los ruralistas pretenden "generar un conflicto en el que no vamos a entrar".