El Gobierno pone sobre la mesa los "costos de la guerra" y pide una flexibilización al FMI

El ministro de Economía, Sergio Massa, reiteró su reclamo ante el FMI por las consecuencias que dejó en las cuentas públicas la guerra en Ucrania en busca de tres objetivos: conseguir más fondos por parte del organismo, la quita de sobrecargos y una flexibilización de las metas del acuerdo para el 2023. 

Este último punto comenzará a discutirse en los próximos días, con una misión técnica que viajará a Washington para cerrar además la revisión correspondiente al tercer trimestre. El Gobierno busca aflojar el “corset” de cara a un año en el que las elecciones marcarán el compás de la política económica.

El presidente Alberto Fernández encabezó la semana pasada un encuentro con la directora del Fondo, Kirstalina Georgieva, y sus funcionarios. La reunión se dio en el marco de la Cumbre del G20 celebrada en Bali, Indonesia, y sirvió para que la comitiva argentina planteara la necesidad de discutir los “costos de la guerra” para los países del hemisferio sur. El organismo discutirá esto “próximamente” en su directorio, lugar en el que se sientan los representantes de los países accionistas y donde Estados Unidos tiene mayor peso.

Los saltos en el precio de la energía, fertilizantes, transporte y gastos en subsidios, entre otros, fueron plasmados en un documento que Massa entregó a Georgieva y al que tuvo acceso Data Clave. El trabajo realizado por los funcionarios del Palacio de Hacienda refleja que el conflicto bélico en el este de Europa tuvo un costo de casi US$ 5.000 millones en la balanza comercial y de $590.000 millones en subsidios que debió pagar la Administración Pública. 

En el texto se detalla el “neto” entre los mayores ingresos por suba de materias primas que implicó la guerra y los mayores costos de importación para el país: “El valor de las importaciones de combustible aumentó a US$ 5.756 millones cuando el valor proyectado antes de la guerra era de US$ 1.999 millones, esto significó un aumento neto de US$ 3.757 millones. En cuanto al complejo agroexportador, las exportaciones netas estuvieron US$ 617 millones por encima de las proyectadas antes de la guerra. Finalmente, el costo de envío de las exportaciones sufrió un aumento de US$ 1.800 millones con respecto a los pronósticos anteriores a la guerra. El impacto total del aumento de los precios internacionales por el conflicto en Ucrania se estimó en US$ 4.940 millones”.

Por otro lado, el Ministerio de Economía le recuerda al Fondo que el precio de los combustibles generó un aumento en los subsidios energéticos entregados por el Gobierno durante 2022. La estimación es que las erogaciones asciendan a $1,8 billones este año, $587.934 millones por encima de lo proyectado originalmente.

“En el escenario actual, al proyectar los subsidios hasta fines de 2022, se estima que se gastarán  $1.270.943 millones en el mercado eléctrico. Esto supone que la guerra generó un aumento en los subsidios a CAMMESA de  $350.578 millones. La proyección de subsidios al gas para 2022 es de $372.65 [sic] millones, es decir que tuvo un crecimiento de $ 237,416 millones respecto al escenario de precios de 2021. Así, el aumento de los precios de las materias primas a causa del conflicto se traducirá en un aumento de  $587.934 millones en los subsidios”, afirmó el documento entregado a Georgieva. 

Mientras tanto, la semana pasada partió de Buenos Aires la misión técnica que había enviado el FMI para comenzar la tercera revisión en la que se evaluarán las metas del acuerdo sobre reservas, emisión monetaria y déficit fiscal hasta septiembre, las cuales fueron cumplidas, pero también la proyección de cómo cerrará el año. Antes de fin de mes viajará una delegación del Ministerio de Economía a la capital estadounidense para darle un cierre al año, cuando esperan también discutir “las prospectivas para el 2023”.

En ese sentido, Massa insistió este domingo en la discusión sobre “quién absorbe los impactos económicos de la guerra y cuál es el rol de cada organismo”.

Al respecto sostuvo que su intención “es que de alguna manera el FMI asuma la responsabilidad que le toca como prestamista de última instancia para el desarrollo de los países respecto del impacto de la guerra en el marco de un programa que está llevando adelante Argentina con el Fondo”. En ese sentido, adelantó que “a partir del cierre del cuarto trimestre y con perspectiva a 2023 habrá que discutir con el Fondo exactamente qué significa que absorba esa responsabilidad”.

Lo que más preocupa hoy al Gobierno es enfrentar el orden fiscal y de reservas, en un mundo que sigue en guerra pero también en un año con elecciones. Reducir el déficit del 2,5% del PBI al 1,9% del PBI costará “uno y la mitad del otro”, señaló el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein. De eso dependerá que la emisión monetaria para asistir al Tesoro sea solo de hasta 0,6% del PBI. 

En un escenario en el que se proyectan precios de la energía que seguirán muy altos para el próximo invierno, se deberán acumular US$ 4.800 millones en las reservas del Banco Central, que se sumarían a los US$ 6.500 millones que aseguró Massa quedarían de saldo positivo en 2022.