La decisión del gobierno de subir las tasas de interés en casi diez puntos porcentuales aún no convence al mercado ni a muchos en el Gobierno, que creen que para acelerar la liquidación de divisas del campo quitando el crédito en pesos baratos, se aceleraría la venta de los más de 10.000 millones de dólares en silobolsas que hoy descansan en los campos de la zona núcleo. Economistas del equipo oficial afirman que con la suba de tasas los más afectados fueron las empresas y las actividades en donde el pago en cuotas era vital para mantener encendida la llama del consumo.

Lo cierto es que el reclamo quizás sea verdad: en julio la caída en consumo masivo por la suba de precios en varios productos alcanzó los niveles de entre 15% y 20% mensual, algo que estaría marcando que la suba del dólar en julio a partir de la salida de Martín Guzmán ya estaría pegando fuerte en la actividad. 

Pero desde el ala más ortodoxa del equipo económico de Massa explican que "con una inflación viajando al 7,4% mensual cómo el mes pasado, la inflación del 2022 podría ser del 135% anual. Si no se adopta un plan anti inflacionario de shock, ni siquiera vamos a frenar las  perspectivas del 100% anual, hay que usar el freno de mano, para no chocar".

Es por eso que muchos en el mercado creen que las tasas al 70% que convalidó el BCRA se quedaron cortas y piden una nueva suba, la cual, dicen que se podría dar antes del próximo jueves, cuando se conozca la variación mensual de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total.  Un dato que otra vez acaso confirme que el gobierno se quedó corto.

En el mercado piden tasa del 80% para frenar la inflación y estiman IPC anual del 100%

Los próximos pasos

Esta semana el ministro prepara más anuncios económicos apuntados a fortalecer el orden fiscal. Antes de terminar agosto, Massa viajará a Estados Unidos con el objetivo de mantener un encuentro cara a cara con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Y la intención es llegar a ese viaje con las cuentas claras y unas cuantas medidas anunciadas. 

Ya hubo un gesto de acercamiento por parte de la funcionaria del organismo, que la semana pasada mensajeó al tigrense con un escueto, pero auspicioso saludo: “El Fondo Monetario Internacional sigue siendo un socio comprometido en apoyar los esfuerzos de la Argentina, especialmente en este momento tan importante. Mis colegas y yo tuvimos el placer de haber trabajado constructivamente con sus predecesores y sus equipos. Espero seguir profundizando esa relación para apoyar la implementación del programa económico de su gobierno”, le escribió Giorgieva.

El equipo de trabajo integrado por el secretario de Hacienda, Raúl Rigo y el de Finanzas, Eduardo Setti; el titular de la Aduana, Guillermo Michel, el jefe de Asesores, Leonardo Madcur y el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri mantuvieron un largo cónclave durante todo el fin de semana en las oficinas del Frente Renovador ubicadas sobre la Avenida del Libertador. Allí acordaron la reducción de gastos energéticos, con la finalidad de ahorrar durante agosto cerca de 400 millones de dólares.

Se abocaron además a preparar los dos anuncios que efectuarán esta semana: la entrega de 30 mil millones de crédito para bienes de capital y ampliación de capacidad instalada con industria, y la postergada segmentación de tarifas, con el esquema para los diferentes servicios. Además, se concretará la firma de un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por 750 millones de dólares. 

La medida más promocionada es el decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para que 200.000 beneficiarios de planes sociales pasen a tener trabajo en blanco en el sector privado, a través del programa “Puente empleo”, que se efectivizará a mitad de esta semana.
“Los titulares de programas sociales y de empleo nacionales vigentes que sean contratados por un empleador y que cumplan con la capacitación y los cursos de formación que se establezcan (dependiendo del tipo de empleo) podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas por 1 año y el empleador completará el resto para llegar al salario de convenio”, sostiene el documento al que accedió Data Clave.