La propuesta de un Salario Básico Universal (SBU) promete abrir un nuevo capítulo en la interna del Frente de Todos. La iniciativa es impulsada por los movimientos sociales y tiene apoyo del kirchnerismo, pero en el Gobierno apuntan a las restricciones que tienen para incrementar el déficit fiscal. Allí juega un papel fundamental el acuerdo con el FMI.

Los cuestionamientos de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la gestión que debería darle a los planes sociales el Estado puso en el centro del debate una nueva estructura de asistencia social, en un contexto en el que la pobreza es cercana al 40% y la alta inflación, que hasta mayo acumuló 29% y apunta a cerrar el año en torno al 70%, diluye los ingresos, sobre todo, de los sectores más postergados.

El proyecto de un SBU fue presentado a principios de mayo en la Cámara baja por los tres diputados del Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois: Itai Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho. La visión es que el modelo capitalista actual no genera las condiciones de empleo para una porción muy importante de la población que trabaja en sectores informales de la economía.

Tweet de Itai Hagman

La iniciativa contempla que se otorgue un beneficio equivalente a una Canasta Básica Alimentaria medida por el Indec para un adulto equivalente, que hoy está valuada en $14.401. Los destinatarios serían desocupados, trabajadores informales, de casas particulares y monotributistas sociales. Además, serían alcanzados por el 50% de dicha prestación los monotributistas de la categoría A y los asalariados registrados cuyos  ingresos brutos no superen los $38.850.

A su vez, el proyecto contempla que no podrán acceder aquéllas personas que reciban ingresos de la Prestación por desempleo, Programa Progresar, Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo” y la Tarjeta Alimentar del Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”.

Sin embargo, en el Gobierno y en particular en el Ministerio de Economía apuntan a que la norma no puede ser llevada adelante, debido a que se calcula que cerca de 9 millones de personas se beneficiarán y tendrá un costo fiscal de 0,9 del PBI. En los sectores que lo impulsan coinciden en que ese impacto en las cuentas podría ser menor ya que una mejora en el consumo aumentaría la recaudación.

El problema es que a Martín Guzmán no le cerrarán las cuentas con esta nueva erogación, mucho menos teniendo en cuenta que se comprometió a sostener la meta de 2,5% de déficit primario para 2022. Además, el organismo ya reclamó “políticas fiscales más estrictas en la segunda mitad del año” que tendrán un impacto en la “moderación” de la demanda interna, es decir, en el consumo y la actividad.

Por tanto, medidas como los bonos extraordinarios que hubo en mayo y junio no tendrán lugar en lo que resta del 2022, que para Economía había ayudado a “sostener la demanda agregada”. En ese sentido, el FMI también afirmó que “deben evitarse los ajustes discrecionales al alza de los salarios y las pensiones para asegurar los objetivos fiscales, mientras que se debe comenzar a trabajar en la preparación de opciones para mejorar la equidad y la sostenibilidad del sistema de pensiones”.