El delito siempre se renueva y por eso el sistema judicial tiene la obligación de estar atento a las nuevas modalidades. En ese marco, Casación Federal (el tribunal más importante a nivel penal por debajo de la Corte Suprema) ratificó un embargo de criptomonedas en el marco de una causa por lavado de activos.

¿Cómo se llegó a eso? Primero, recayó en tribunales un expediente contra un grupo de funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos y agentes privados que  habrían proporcionado datos bajo secreto fiscal a cambio de sumas de dinero a una serie de personas. De esa causa por violación de secretos y asociación ilícita se desprendió otra causa contra dos personas, investigadas por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

El dinero conseguido habría sido blanqueado por los imputados a través de las leyes 26.860, de "exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior", y 27.260, la reforma previsional que incluyó el denominado "régimen de sinceramiento fiscal". De acuerdo a la investigación, los imputados habrían utilizado la cobertura del denominado "sinceramiento fiscal" para “blanquear” el producto de los delitos por los que se encuentran investigados (recibir dinero a cambio de información resguardada por el secreto fiscal) y de este modo eludir su recupero.

Mientras se profundiza la investigación, la Fiscalía Federal N°6 solicitó la colaboración de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), especializada en este tipo de cuestiones. A partir de eso, se sugirió que se dicten medidas cautelares con el objetivo de asegurar el decomiso de las cosas o ganancias que pudieran ser producto o provecho de las maniobras analizadas. Los activos virtuales fueron identificados por la fiscalía a partir de la solicitud de información a diversas empresas prestadoras de servicios vinculados a criptoactivos denominadas exchanges.

En octubre de 2022, el Juzgado Federal N°6 dictó los embargos preventivos de un inmueble ubicado en la localidad bonaerense de San Vicente y de las cuentas en criptomonedas -y el bloqueo de las billeteras virtuales- que las dos personas imputadas tenían en las plataformas Ripio y Binance. Esta última medida fue encomendada por el juez a la fiscalía y a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). La decisión fue apelada por las defensas y confirmada por la Sala II de la Cámara Federal, lo que llevó la discusión a la Casación.

Los jueces de la Sala III Mariano Borinsky, Daniel Petrone y Juan Carlos Gemignani declararon inadmisibles los recursos de las defensas. “Si bien los impugnantes alegaron la violación de derechos patrimoniales, no lograron demostrar de qué manera concreta les produce un agravio de imposible y tardía reparación ulterior, a efectos de equiparar dicho pronunciamiento a uno de carácter definitivo y habilitar así la instancia casatoria”, marcaron al momento de validar los embargos. De esta forma, además de quedar firmes los embargos, consolidaron la decisión de ir contra las cuentas cripto.