La convocatoria a declarar es para el martes 27 a las 9 de la mañana. Dos jueces de un tribunal oral tendrán que enfrentarse a integrantes del Consejo de la Magistratura luego de un proceso que lleva dos años y podría terminar con su remoción. Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi dictaron una serie de fallos donde, entre otras cuestiones, desconocen la normativa con respecto a las interrupciones de embarazos y las cuestiones de género y por eso fueron denunciados hasta por la Defensora General de la Nación Stella Maris Martínez.

La citación se encuadra bajo el artículo 20 del Reglamento de la Comisión. Allí se establece en qué términos serán llamados los magistrados denunciados, una especie de “indagatoria” dentro de este proceso. “La misma deberá contener una sintética relación de los hechos imputados, la calificación provisional de su conducta como falta disciplinaria o causal de remoción, y la exposición de las pruebas obrantes en el expediente que serán puestas a disposición del magistrado”, establece el reglamento.

Cuando falta una semana para esa cita, se conoció un comunicado de múltiples asociaciones religiosas y “pro-vida” donde critican al Consejo de la Magistratura por su rol y apoyan las sentencias firmadas por los jueces.

“Al acoger la denuncia, ha dado respaldo a un intento de someter a enjuiciamiento a los jueces por el contenido de sus sentencias, un temperamento que atenta gravemente contra la independencia de criterio con que aquellos deben ejercer su función”, dice el escrito donde manifiestan su “preocupación” y sostienen que se trata de un proceso irregular.

¿Quiénes lo firman? Una de las entidades es la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que nuclea a defensores de militares detenidos y condenados por delitos de lesa humanidad. También integran la lista la Corporación de Abogados Católicos; la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (Prodeci); la Unidad Provida; la Asociación Civil Frente Joven; la Academia del Plata; lla Democracia Cristiana porteña; la Fundación Ars iuris Centro Cultural Universitario; la Asociación Derqui por la Vida; Sembrar Valores; Buena Data, la Comisión federal de Abogados Pro Vida; el Centro Sagrado Corazón de Jesús - CONIN Hurlingham; la Unidad Provida Mar del Plata; el Frente Nacional Provida; el Observatorio de Padres Provida Las Rosas; la Fundación de la Visitación; la Comunidad Redentor; Rosario Te Quiero Provida; la Red Familia Santa Fe; la Fundación Tres de Enero; Acción Celeste Argentina y el Consorcio de Médicos Católicos.

En 2020, los dos integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº8 condenaron a un hombre por abusar de su hermana por parte de madre. Sin embargo, en un apartado especial, ambos pidieron que investigue a médicos por haberle realizado un aborto legal a la víctima. Sostuvieron en ese fallo que el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud de la Nación era “un manual de salvajadas inhumanas”.

 “La niña fue llevada a un hospital público para que estos médicos mataran a su hijo. Un niño sano, sin ninguna patología conocida, cuyo único pecado ha sido ser el fruto de un crimen deleznable (aunque un crimen absolutamente ajeno a él)”, agregaron. 

Para las asociaciones pro-vida, los argumentos de los jueces se apoyan “en una de las interpretaciones de la normativa en cuestión que, desde la sanción misma del Código Penal y hasta la actualidad, ha encontrado adhesión en la doctrina más autorizada” y sostienen que la acusación contra ellos “sólo se explica por los condicionamientos ideológicos que subyacen”.

En esa misma resolución, los jueces habían tildado de “sicarios y asesinos a sueldo” a los médicos y consideraron que “el mundo moderno, la ideología dominante y los poderosos de la tierra promueven el homicidio prenatal como un modo de reconocer el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo”.

Sin embargo, para el grupo de asociaciones, el proceso que se le sigue a Anzoátegui y a Rizzi “no hace mérito a la elevada responsabilidad que cabe al Consejo de la Magistratura como garante de la institucionalidad”. En la misma jugada, acusa a los consejeros de “dejarse llevar por corrientes que, para imponer una determinada tesitura ideológica (del color que fuere), pretenden silenciar toda voz disonante con sus puntos de vista”.

Cabe recordar que Casación ordenó que se eliminen de la sentencia todos sus comentarios, en una decisión inédita. Además, fueron acumulándose otros casos donde los jueces no aplicaron ningún tipo de perspectiva de género. En mayo de este año, Data Clave reveló los dos magistrados se negaron a calificar como femicidio el asesinato de una mujer y hasta llegaron a comparar la aplicación de perspectiva de género con “el régimen soviético”. "El hombre de a pie sabe que está mal amenazar, lesionar y/o matar a cualquiera y, más todavía, a una mujer. Lo sabe porque sus padres le enseñaron que es de cobarde pegarle -y mucho más matar- a una mujer. Y sus padres lo sabían, porque a su vez habían recibido esa enseñanza de sus mayores, y así siguiendo. Pero el hombre de a pie poco conoce de la retórica vana de los ideólogos, de relaciones desiguales de poder, ni de sociedades patriarcales”, lanzó el juez Anzoátegui, en un voto al que adhirió Rizzi.